Ayer un informe de la diputada Lucrecia Hernández Mack cuestionó lo que a partir de agosto cuesta la operación de la Comisión Presidencial de Asistencia a la Emergencia del COVID-19, misma que durante los primeros meses de funcionamiento operó sin que sus integrantes cobraran sueldo, hasta que en el mes pasado se regularizó su situación. El tema pone sobre el tapete el salario del doctor Edwin Asturias, director de la Comisión, quien devenga un sueldo de 42 mil 750 quetzales, cifra que equivale, aproximadamente a 5 mil dólares al mes, mucho menos de lo que el galeno percibía ejerciendo su profesión en Estados Unidos, posición que dejó para hacerse cargo de la recién creada comisión.
En temas de salarios siempre será difícil ponerse de acuerdo, sobre todo cuando existen prejuicios. El trabajo de la Coprecovid no es aplaudido por toda la población pero tampoco es repudiado por la ciudadanía. Existen diferentes criterios y, como pasa con cualquier aspecto de la gestión pública, pueden señalarse aciertos y desaciertos en su operación. Pero si los diputados realmente están preocupados por el tema de los costos de funcionamiento del Estado tendrían que ocuparse más en temas como el de los leoninos pactos colectivos que existen, entre ellos con los trabajadores de Salud, que significan una sangría exponencialmente mayor al costo de operación de una Comisión específica que no va a durar para siempre y que, quiérase o no y eso es irrefutable, vino a corregir cosas que el Ministerio de Salud bajo la dirección del doctor Monroy había manejado en forma pésima.
El gobierno está anunciando ya su propuesta de presupuesto para el año entrante que muestra un incremento que no será financiado con ingresos ordinarios sino con préstamos. Y por virtud de los pactos colectivos y de las mañas de contratar personal para cubrir compromisos electorales, cada año se incrementa más el gasto de funcionamiento y es en eso en lo que los diputados debieran poner el ojo, más que en el funcionamiento temporal de una comisión que se impone por las deficiencias estructurales del Ministerio de Salud, mismas que no fueron corregidas ni siquiera cuando la ahora diputada estuvo al frente del Ministerio, época en la que pudo haber señalado y desnudado a las mafias que operan y tienen capturado el sistema de Salud Pública en el país para ponerlo al servicio de los negocios. Si se hubieran denunciado y procesado en ese tiempo a los mafiosos, que siguen allí haciendo de las suyas, sin duda que la autoridad moral para hablar ahora sería absoluta y permitiría contundencia irrefutable.
