Julio García-Merlos G.

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Julio García-Merlos
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Hace unos días se desató una polémica derivada de una citación que realizó una bancada de diputados al canciller para que explicase sobre el convenio vigente por el cual el Estado de Guatemala recibe y contrata médicos cubanos para que presten servicios en el país. Muchos se concentraron en la pugna política producto de aparentes desavenencias entre los aliados del partido oficial, sin embargo, dejaron de lado la cuestión fundamental en este asunto: el respeto al derecho humano de percibir íntegramente el fruto de su trabajo en libertad.

Cuba no es precisamente ejemplo de respeto a los derechos fundamentales. En aquella isla gobierna un régimen totalitario desde hace seis décadas, liderado otrora por el fallecido Fidel Castro y ahora por su hermano Raúl. Son incontables las denuncias por violaciones a derechos fundamentales por parte de ese gobierno que se acumulan con las décadas.

Ahora bien, la cuestión controversial sobre el convenio para que brigadas de médicos cubanos presten sus servicios no radica en determinar si estos profesionales son mejores o peores que los médicos guatemaltecos, mucho menos en ignorar la precariedad de nuestro sistema de salud o hacer de menos la labor que han realizado durante algunos años. El debate sobre este tema es moral, entre quienes consideramos que uno de los derechos que apareja la dignidad humana es el de percibir íntegramente el fruto del trabajo realizado y disfrutarlo en libertad, contra aquellos que consideran que el Estado puede expropiar en forma arbitraria parte del salario de ciudadanos que laboran en el extranjero como una forma moderna de trabajo forzado o cuasi esclavitud.

En un informe reciente de las Relatorías de Trata de Personas y de Esclavitud de Naciones Unidas se reflejaron más de cuatrocientas denuncias por violaciones a los derechos humanos. Médicos que van a las misiones contra su voluntad, se les retiene por parte del gobierno un porcentaje significativo del salario, no gozan de libertad de locomoción, son sometidos a la continua vigilancia de funcionarios del gobierno; si abandonan la misión son condenados a ocho años sin poder volver a la isla y sus familias sufren represalias, entre otras muchas cuestiones que se señalan.

Al respecto, José Miguel Vivanco de Human Rights Watch considera que los gobiernos que quieren el apoyo de los médicos cubanos deberían animar al régimen cubano a revisar este sistema orwelliano, que dicta a los médicos con quién vivir, o de quién se pueden o no enamorar, y hasta con quién se les es permitido hablar.

Irónico es que los primeros que salgan a defender el convenio del Estado de Guatemala con el régimen totalitario cubano sean aquellos que se llenan la boca hablando de derechos humanos y su defensa. Ya van dos décadas del siglo XXI y a pesar de las diferencias ideológicas y simpatías que algunos guardan por la ideología de Estado en Cuba, debería existir coincidencia en que por encima de sus preferencias políticas está el respeto a los derechos fundamentales, en este caso, al goce pleno de las libertades más básicas, el derecho a trabajar y gozar el fruto del trabajo.

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