Marco Trejo
Es una broma de mal gusto o será que seguimos viviendo en un país donde no pasa nada, donde la gente hace lo que le viene en gana. No es posible que con un servicio de transporte urbano obsoleto y deficiente se pretenda incrementar, Q9 de un somplón, a la tarifa del pasaje en el Departamento de Guatemala.
Con solamente observar una unidad del transporte urbano, porque no se le puede llamar servicio, podemos darnos cuenta de que no llena, en su gran mayoría, lo que debe ser un lugar donde pueda viajar una persona. Los buses todos abollados, en mal estado, tirando nubes de humo negro contaminando el ambiente, y los sillones de madera o metal, carentes de vidrios y con los abusos de parte del piloto y el ayudante, llamado brocha, que le sacan la Madre a cualquiera que se sube.
A estos dos sujetos, en su mayoría, no le interesa dar un servicio, lo único que buscan es hacer la mayor cantidad de vueltas, para poder llevar el sustento diario a sus familias, lo cual es permitido, pero no de la manera como tratan a los usuarios, quienes son los que les dan ese dinero que les permite mantener la economía de sus casas. Así no se le paga a quién te da de comer.
Sé que hay muchos transportistas que quieren hacer bien las cosas, pero les cuesta el doble de lo que le cuesta a los empresarios de toda la vida, quienes tienen más de una, dos, tres y hasta 20 o más unidades, que se han llenado los bolsillos con el cobro de un subsidio que ha sido entregado sin mayor control, porque según dicen las malas lenguas, hay una tajada para los que supervisan dicha entrega.
Mientras tanto, esos empresarios que si dan un buen servicio, que tratan bien a los usuarios, se la ven a palitos porque tienen que pagar un sueldo, situación que no hace la mayoría, porque entregan los vehículos para que los trabajen los pilotos, quienes son los que tienen que poner el diésel del día, reparar las llantas pinchadas, cambiar aceite y como si todo eso fuera poco entregar un monto al dueño de la camioneta. Se menciona que los pseudo empresarios perciban Q950 por alquiler del armatoste, que hace alrededor de Q30 mil mensualmente si invertir en la operación.
Pero el negocio no queda allí, sin que trabajen las unidades los transportistas, que los vemos en vehículos último modelo, así como sus familias, reciben una cantidad representativa cada mes, por concepto del subsidio estatal, el cual permite que estos personajes se den una vida de lujo, sin mayores complicaciones.
Lo más irrisorio (que da risa) de toda esta novela, es que el ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Ricci sale a decir que puede usar Q300 millones, que tiene guardados, para que sean destinados para un subsidio al transporte público, el cual sería dado por medio de la plataforma del Bono Familia, para que los guatemaltecos, mientras duren las restricciones por la pandemia del Covid-19, reciban un bono que ayude para el pago del pasaje.
Este es el mejor momento para que el Gobierno apoye a la Municipalidad del Departamento de Guatemala, para transformar y modernizar un servicio, que llene los requisitos, que estipula la prestación de un servicio esencial como lo es el transporte urbano de pasajeros. No podemos dejar que los transportistas, aclarando no todos, se sigan aprovechando de unos impuestos, que deben servir para buscar desarrollo colectivo. Según la Constitución Política de la República un servicio debe ser digno y eficiente, lo cual no tiene el nuestro.
Tengo entendido que hay varios estudios relacionados al tema de Transporte Público, donde han participado instituciones serias que tienen una solución a dicha necesidad básica. El Gobierno Central y la Municipalidad, de Ricardo Quiñonez, tienen la oportunidad de modernizar este servicio y que pueda compararse a lo que han hecho con el Transmetro, un ente que no solamente es eficiente, sino que también es seguro que da dignidad a los que lo usamos.
