Carlos Rolando Yax Medrano
Se logró la renuncia de Otto Pérez Molina, se quiso la de Jimmy Morales y se quiere la de Alejandro Giammattei. Al final de su gobierno, a mitad de su gobierno y al inicio de su gobierno, respectivamente. En seis años el resultado ha sido el mismo, aún con tres presidentes distintos. Cada vez la disminución de la popularidad y el desgaste gubernamental, como consecuencia de la incapacidad de dar respuesta a las demandas de la sociedad, demoran menos en manifestarse. Ante la reincidencia del mismo problema es importante reflexionar si la solución es cambiar al Presidente en turno o, de raíz, al sistema presidencial.
En principio debe considerarse el concepto de legitimidad. En Estados representativos, como el guatemalteco, los ciudadanos son titulares del poder político. Sin embargo, si 17 millones de personas intentaran discutir y llegar a consensos, las decisiones se tomarían después de una eternidad. Entonces, para fines prácticos los ciudadanos delegan el ejercicio de su poder político en representantes, es decir, las personas que eligen para gobernar. Legitimidad es el consentimiento o reconocimiento del titular del poder político (los ciudadanos) a quien lo ejerce (los representantes).
La legitimidad, en un principio, está determinada, de manera parcial, por la calidad democrática con la que se eligen a los representantes en quienes se delega el ejercicio del poder político. Si un candidato obtiene la mayoría de los votos en las elecciones, suponiendo un escenario competitivo, es legítima su asunción de las funciones presidenciales. Sin embargo, la legitimidad no es completa sino hasta que los electores tienen también la capacidad de determinar la continuidad de quien ha asumido como representante conforme a la calidad del desempeño de sus funciones. Si un representante deja de satisfacer a los electores, debe poder ser retirado del cargo para ser sustituido, mediante elecciones, por alguien que satisfaga de nuevo las demandas de la sociedad. Asimismo, si un representante satisface a los electores, debe poder ser extendido en el desempeño del cargo, mediante elecciones, para continuar siendo quien satisfaga las demandas de la sociedad.
Así nacen las figuras de la revocatoria de mandato -la capacidad para “sacar” al representante- y la reelección -la posibilidad para volver a elegirlo-. El problema en su aplicación tiene un origen conceptual. En Guatemala, el Presidente de la República es Jefe de Estado y ésta es, por naturaleza, una figura monárquica. El Jefe de Estado, por concepto, es políticamente inamovible. En Guatemala, entonces, el Presidente tiene las atribuciones de un monarca sin los contrapesos que ofrece una monarquía constitucional, donde las atribuciones del Jefe de Gobierno corresponden a otra persona. Las máximas del republicanismo, la división de poderes y los frenos y contrapesos, están aún pendientes de desarrollar en la República de Guatemala.
En un país con, al menos, 25 grupos étnicos resulta contraproducente atribuir a una persona la representación de la unidad nacional. Por el contrario, debería promoverse y fortalecerse el reconocimiento de la diversidad, tanto de necesidades como de intereses. Y el único organismo con tal capacidad, por sus funciones representativas y deliberativas, es el parlamento o congreso. Si se toma en consideración el historial de golpes de Estado y dictaduras, el parlamentarismo aparece como la mejor opción para la reforma constitucional que, tarde o temprano, tendrá lugar. Si se quiere completar la transición a la democracia, en un contexto que aún presenta rezagos autoritarios, el parlamentarismo deberá ser el camino por tomar.
