Marco Trejo
Mientras los administradores de justicia no hagan lo que les corresponde para trabajar en nombre de Guatemala, nunca existirá paz en el país, no se puede vivir en una sociedad si en la misma no aplican las leyes vigentes, sin distinción alguna.
Los partidos políticos se han empeñado en mantener entre sus filas a politiqueros que únicamente participan en una elección para llegar a un cargo público, para enriquecerse a costillas de los impuestos que mes a mes se tributan al Estado.
Es deleznable que cuatro mil politiqueros partidistas nos tengan de rodillas y contra la pared, armando negocios para beneficio de ellos, familias y amigos, quienes pasan una tajada debajo de la mesa para que les sean asignados millonarios proyectos que solamente benefician a los de la foto, como se suele llamar.
Todos los días se conocen casos en donde los funcionarios recetan proyectos de infraestructura, plazas en el Estado y hacen compras que son asignadas a empresas, que no tienen el soporte, para ejecutar los compromisos adquiridos en los contratos. En muchos casos las empresas son de cartón y han sido creadas para desfalcar al Estado.
Uno de estos casos, el más reciente se da en el Tribunal Supremo Electoral donde los honorables magistrados, se han tomado la tarea de hacer una piñata el presupuesto del ente electoral y han contratado a diestra a siniestra a las esposas de diputados o bien a las hermanas e hijas de políticos que ahora ocupan cargos sin tener las calidades para dichos puestos.
Es por esta razón que los politiqueros, porque no se pueden llamar de otra manera, han diseñado una red de corrupción en los diferentes ministerios y dependencias del Estado, donde se asignan plazas que son entregadas como premios por el apoyo que recibieron durante las campañas electorales.
No importa de qué partido político sea, lo que importa es que los politiqueros lleguen a los puestos o que ocupen cargos que les permita favorecer a sus achichincles, que son los que reciben las prebendas fraudulentas, cada cuatro años.
Es lamentable que en los listados de plazas tengamos que ver nombres de nombres de familiares de estas personas que solamente llegan a un puesto para convertirse en los nuevos ricos de este país, sin que las autoridades encargadas de impartir justicia hagan algo para evitar esta corrupción.
Pero como podemos pedirle peras al olmo, si muchos de los administradores de justicia han llegado a esos puestos por favores políticos, impulsados por varios Partidos Políticos, que todos sabemos cuáles son, que no sirven para nada y únicamente se convierten en una guarida de ladrones, porque no les podemos llamar de otra manera, cuyos militantes se agrupan para saquear al Estado que bien podría invertir, esos impuestos, en crear desarrollo en temas de salud, educación, infraestructura.
En la última semana, se ha visto como la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), ha planteado el retiro de la inmunidad de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y tres jueces que han visitado, a personas privadas de libertad, que son acusadas en casos de alto impacto, lo cual constituye un motivo para que no ocupen esto altos cargos que deben tener como ingrediente primordial un alto grado de ética y honestidad.
Asimismo, se conoció que más de medio centenar de diputados al Congreso de la República están exigiendo que se agilice la elección de Magistrados de la CSJ y de las Cortes de Apelaciones, pero que se excluyan a los candidatos que hicieron fila en la celda del ex secretario privado de la presidencia, Gustavo Alejos, quien es procesado por incidir en dichas elecciones.
