Juan José Narciso Chúa
Los procesos conspirativos hoy retoman su fuerza cuando las fuerzas aglutinadas alrededor del Pacto de Corruptos y la Impunidad realizan un nuevo movimiento orientado a defenestrar a la Corte de Constitucionalidad, la única instancia en el país que ha conseguido cohesionar y establecer el orden jurídico, a través de sus resoluciones. La Corte de Constitucionalidad ha pasado por diferentes integraciones, en las cuales ha prevalecido un grupo de abogados de corte conservador, con lo cual sus resoluciones no violentaban el sistema imperante.
Sin embargo, la actual Corte de Constitucionalidad, ha cometido el “grave pecado”, de fundamentar sus resoluciones con apego a la Constitución Política, con lo cual los grupos hegemónicos, se han visto afectados por lo que han buscado romper esa coherencia jurídica mostrada por la actual corte, para evitar, según ellos, más daño.
En la actualidad el “mayor pecado” ocurrió cuando la CC resolvió que efectivamente muchos de los postulantes a la Corte Suprema de Justicia, no llenaban los requisitos de idoneidad y honradez por lo cual, el cambio de los magistrados se ha retrasado considerablemente, por lo que las artimañas jurídicas de antejuicios y recursos se acrecentó en contra de los magistrados de la CC.
Hoy el movimiento se ha convertido en una conspiración del miedo, dentro del ámbito institucional, efectivamente quitarse de encima a los magistrados de la CC, para lo cual generaron una auténtica trama siniestra que aglutina a los políticos del Pacto de Corruptos, a la actual gestión de Gobierno, a los representantes de las cámaras y élites económicas y los militares vinculados, para lo cual hacen uso del Ministerio Público, “el eslabón perdido”, para otorgarle la dosis de “legalidad” que se necesitaba para asegurar los resultados previstos.
El proceso de esta conspiración continúa su camino, todos sabemos hacia dónde se orienta, a pesar de los centenares de antejuicios solicitados, todos intuimos con claridad que de esa cantidad de antejuicios, “los más importantes” son los seis contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y el análisis es simple, los diputados rechazan los antejuicios de los magistrados de la CSJ y los magistrados de la CSJ rechazan los antejuicios de los diputados, pero entre ambos aceptan los antejuicios de la CC.
Pero lo incomprensible es que cuando la institucionalidad está en peligro, el máximo referente del derecho es la Corte de Constitucionalidad y hoy se pretende destruirla para colocar sus propios alfiles y así regresar a una CC complaciente, conservadora en lo jurídico y preservar un sistema político que se pudre cada día más, justamente por esa obcecación absurda de las élites económicas de considerar al país en su propia “finca”, para lo cual utilizan a los diputados y magistrados para preservar dicha condición.
Hoy el Ministerio Público se integra a esta conspiración del miedo, cuando en realidad debería haber actuado en forma contraria, restituyendo el orden, desarrollando investigación criminal y presentando acciones concretas y eficaces contra quienes pretenden destruir la pobre institucionalidad existente, pero convertirse en tonto útil para fines aviesos, lo cual deja muy mal parado al MP y a su actual gestión, con lo cual comprueba lo que el pueblo intuye claramente, está jugando un papel perverso como eslabón desechable de una conspiración que pretende destruir la institucionalidad, continuar con la cooptación del Estado y socavar aún más el estado de derecho.
No cabe duda que la justicia continúa enjaulada, pero lo peor es que hoy la justicia representa el papel de la vergüenza, contradictoriamente de la injusticia y lo peor, legitima la impunidad.
