* Julio Roberto Bermejo González
Con pretexto del combate al coronavirus se han aprobado cerca de treinta mil millones de quetzales, suma que afectará el futuro económico de Guatemala en forma profunda y que nuestros hijos y nietos tendrán que pagar. Si éstas cantidades fueron invertidas en forma honesta y responsable habría que aceptar la situación por el riesgo en su salud que está afrontando el pueblo de Guatemala y fundamentalmente por la crisis económica y de salud que están afrontando los sectores afectados por la pobreza urbana y rural y todo ese amplio sector que trabaja en la informalidad y que no está siendo beneficiado por los programas creados, los que tampoco están beneficiando a los sectores de población urbana y rural que verdaderamente los necesitan. Esto lo saben las autoridades y no lo han corregido. Se sabe que fuertes cantidades de esos recursos se están desviando, enriqueciendo a personas inescrupulosas, que están aprovechándose de la corrupción que existe en amplios sectores de las instituciones gubernamentales. Esto lo sabe el Presidente o lo deberá saber y no obstante no lo corrige. La comisión anticorrupción nombrada también brilla por su ausencia. Los que conocimos de la creación de ésta Comisión ya sabíamos que sería inoperante. En publicación anterior lo manifesté. Lo que verdaderamente sorprende es que el Presidente Giammattei quizo sorprender al pueblo de Guatemala con su discurso de honradez y que no aceptaría la corrupción en su gobierno y a los pocos días se perfiló como mentiroso. Lo sucedido con la elección del Congreso de La República fue un acto corrupto, no fue una hábil maniobra política honesta.
Han transcurrido siete meses y la prensa reiteradamente ha denunciado actos de corrupción en las mas diversas dependencias y el Presidente ni las atiende, ni las corrige. Creo que al pueblo de Guatemala le agradaría recibir información del Presidente respecto a los actos de corrupción que ha corregido, los que no solo se dan en el manejo de las compras que hace el gobierno si no también en ese manejo tan libre que tienen los contrabandistas y los narcotraficantes por tierra y por vía aérea.
A los guatemaltecos nos gustaría percibir que el Presidente controla su carácter y sus anormales reacciones temperamentales, porque las comunidades indígenas merecen el mismo nivel de respeto y atención que le brinda al CACIF. Todo guatemalteco tiene derecho a emitir su opinión sobre cualquier situación que afecte al país y con mayor razón este derecho les asiste a las comunidades indígenas sobre proyectos mineros o de otra índole, porque su derecho a ser escuchados encuentra su respaldo legal en el Convenio 169 de la OIT. En muchos momentos no se ha respetado este derecho lo que ha originado que la Corte de Constitucionalidad pare estos proyectos, lo cual está jurídicamente correcto y todo se debe a que la administración pública pretende ignorar el derecho de las comunidades.
Ya señalamos que la pandemia del coronavirus ha afectado profundamente el bienestar económico de los guatemaltecos y especialmente de las clases populares de ingresos medios y bajos y además a la población que opera en el sector informal. Hay un segmento de la población que prácticamente no ha sido afectado y esta es la burocracia que trabaja en los tres poderes del Estado: Organismo Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Ejecutivo está encabezado por el Presidente, Ministros, asesores, y demás funcionarios; el Legislativo integrado por los Diputados, asesores y demás funcionarios; y el Judicial por la Corte Suprema, Corte de Constitucionalidad, Magistrados y demás funcionarios. A éstos se suman otras instituciones como el IGSS, y las instituciones autónomas y semiautónomas y los entes centralizados y descentralizados. Todos los citados suman miles de funcionarios y empleados públicos que tienen garantizado su sueldo, unos muy elevados y otros medianamente remunerados, pero todos lo tienen garantizado, lo cual contrasta con la situación económica que vive el resto de la población con ingresos bajos y que es la que está siendo más afectado en el momento actual. Lo expuesto anteriormente es una realidad y creo que sería de una justicia elemental que los dignatarios, funcionarios y empleados públicos citados contribuyan voluntariamente a formar un fondo cuyo destino sea mejorar la situación económica de las personas mas afectadas por la pandemia del coronavirus. Creo Señor Presidente de la República que a usted le corresponde dar el ejemplo porque tiene un sueldo de Ciento cincuenta y nueve mil quetzales (Q.159,000.00); y seguidamente lo imiten los Ministros y los demás funcionarios de la estructura del Ejecutivo; igualmente los Diputados al Congreso de la República y Magistrados del Organismo Judicial tengan todos un gesto similar y con ello den ejemplo a los funcionarios que laboran con ellos. El porcentaje puede ser un 10% y el fondo sea administrado por el Procurados de los Derechos Humanos. No es Guatemala el primer país en que se daría este gesto de solidaridad con los sectores más afectados por la pandemia del coronavirus. Un comportamiento como el sugerido –ya lo había expuesto el que escribe, pero también lo han planteado distinguidos columnistas-, varios Presidentes de América del Sur ya lo han implementado. Sería un gesto maravilloso si se da en Guatemala, pero es necesario que el Presidente de la República dé el ejemplo, lo apoye y lo impulse.
Doctor en Derecho*
*Catedrático Universitario
Graduado por la Escuela Diplomática de España*
