Jorge Morales Toj
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En Guatemala es imperativo construir un desarrollo rural sostenible, en el cual, los agricultores tengan la oportunidad de mejorar sus condiciones económicas, se conserve los bienes naturales y culturales y se mejores las condiciones de vida de las comunidades y pueblos que habitan la ruralidad.
Las limitaciones para los agricultores son la falta de tierra, falta de asistencia técnica-tecnológica y asistencia crediticia para potenciar la producción agrícola. En medio de la pandemia, los agricultores tienen dificultades para el control de calidad de sus productos y por lo consiguiente el éxito en sus ventas.
Una de las más grandes e históricas carencias para los pequeños y medianos agricultores, es que no tienen acceso a fuentes formales de financiamiento. Las pocas entidades financieras que existen, tienen engorrosos trámites administrativos y grandes tasas de intereses. Los agricultores en muchas ocasiones están obligados a pedir préstamos informales a prestamistas locales y regionales y están sujetos a las altas tasas de interés. Caer en las redes de los prestamistas reduce su capacidad de generar ganancias a mediano y largo plazo, porque casi siempre, resultan trabajando para pagar deudas sujetas a altísimos intereses que devoran a los agricultores.
Las entidades gubernamentales que deberían garantizar la asistencia técnica a los campesinos agricultores del área rural está ausentes. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación con su programa de extensionistas está lejos de llegar al campo y si llegan solo lo hacen con los allegados del partido oficial o afines a los alcaldes municipales.
La Pandemia del coronavirus COVID-19 en Guatemala, es una oportunidad para revertir la exclusión en el campo y avanzar en un desarrollo rural sostenible. La crisis, es una oportunidad para que la institucionalidad pública del Estado haga una revisión y readecuación de sus políticas, presupuestos e instituciones vinculadas a la agricultura. Debe establecerse una estrategia de asistencia técnica-tecnológica y crediticia para los pequeños y medianos productores del área rural.
Las institucionalidades públicas vinculadas al agro deben adecuarse a las necesidades del país. Los efectos post coronavirus son previsibles en un aumento del hambre y pobreza en el campo. Ante la inminente hambre que se avecina, la institucionalidad pública del Estado debe hacer previsiones e inversiones en el área rural, para potenciar las capacidades y las iniciativas agrícolas, pecuarias, avícolas y de toda índole en el campo.
Otro aspecto que debe impulsarse para el desarrollo rural sostenible, debe ser la innovación tecnológica. El gobierno ya no debe repartir instrumentos de labranza como azadones, piochas, palas, etc. Se debe proveer de maquinaria y tecnología a grupos de agricultores organizados, para potenciar la producción, aprovechando la experiencia y el conocimiento de los productores. Los saberes ancestrales y la tecnología son compatibles y deben armonizarse con la participación de los agricultores, para ir generando procesos de innovación agrícola. El conocimiento empírico y tradicional de los agricultores debe ser complementado con procesos de investigación científica para generar mayor productividad y mayor desarrollo.
Otro elemento fundamental para el impulso de un desarrollo rural sostenibles, es potenciar la organización comunitaria y la asociatividad productiva a través de cooperativas, asociaciones o comités de agricultores con el compromiso y persistencia de la institución pública a mediano y largo plazo, para que juntos se impulse el desarrollo rural sostenible.
