Adrián Zapata
El pasado 31 de julio se publicó en el Diario oficial el Acuerdo Gubernativo 100-2020, en el cual se crea la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, COPADEH. Entre los considerandos del Decreto se afirma que “es necesario fortalecer la institucionalidad gubernamental relativa a la paz, derechos humanos, diálogo y resolución de conflictos…”. Al definir sus atribuciones, una de ellas es “Asesorar a las dependencias del Organismo Ejecutivo en la promoción e implementación de acciones y mecanismos en materia de paz, derechos humanos y conflictividad;”. Establece que le corresponde “Coordinar con las dependencias del Organismo Ejecutivo la atención efectiva de los conflictos sociales, ambientales y agrarios…” y “Promover transversalmente y coordinar dentro de las instituciones públicas, así como en las organizaciones regionales, municipales y comunitarias, los mecanismos efectivos para la cooperación y la inclusión de acciones que favorezcan la paz, los derechos humanos, así como la prevención y atención de la conflictividad.”.
En este contexto, la Secretaría de Asuntos Agrarios deja de existir, asumiendo tal Comisión la responsabilidad de atender los conflictos agrarios existentes y los que surjan.
Desde la firma de los Acuerdos de Paz, esta es la decisión más trascendental para negar lo acordado en materia agraria, que fue, esencialmente, afirmar que “La resolución de problemática agraria y el desarrollo rural son fundamentales e ineludibles para dar respuesta a le situación de la mayoría de la población que vive en el área rural y que es la más afectada por la pobreza, la pobreza extrema, las inequidades y la debilidad de las instituciones estatales”. Agregando que “La transformación de la estructura de la tenencia y el uso de la tierra debe tener como objetivo la incorporación de la población rural al desarrollo económico, social y político, a fin de que la tierra constituya para quienes la trabajan base de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienestar social y garantía de su libertad y dignidad.”. Afirma también que “Dentro de la problemática del desarrollo rural, la tierra tiene un carácter central.”. En el numeral 32 de dicho acuerdo se enumeran los elementos que debe contener una estrategia integral para impulsar una política agraria.
En ese contexto de compromisos estatales, existe una Política Agraria, aprobada mediante Acuerdo Gubernativo 372/2014, basada en lo referido en el párrafo anterior y también en las “Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional”, aprobadas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, CFS, en su 39º período extraordinario de sesiones, el 11 de mayo de 2012. Guatemala fue parte de este acuerdo mundial, en el marco de la FAO. El órgano rector de esa política era la Secretaría de Asuntos Agrarios, SAA.
Es en virtud de todo lo anterior es que afirmo que la desaparición de esa Secretaría es dejar de tener una instancia especializada en atender conflictos agrarios, lo cual limita sustancialmente las capacidades del gobierno para contribuir a resolverlos. Pero también significa abdicar del compromiso de paz de resolver la problemática agraria mediante una política pública al respecto.
Por consiguiente, sin tener una instancia especializada en conflictos agrarios, éstos irán cada vez más al ámbito jurisdiccional, con lo cual terminarán criminalizados y, al mismo tiempo, se carecerá de una política agraria y un ente rector de la misma.
En síntesis, el Estado ha renunciado a cumplir el compromiso de paz relativo a transformar la estructura agraria y es previsible un aumento de la convulsión social en el campo.
