Mario Alberto Carrera
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Si el Estado actúa contra el ciudadano y lo conculca, lo abate, lo silencia o lo pisotea, el Estado debe ser procesado y/o sancionado en todo o en parte –según cómo y quién de Él haya delinquido- en consonancia con el Artículo 1º de la Constitución endeble y copy paste de la República. Donde se afirma -ya con cinismo pérfido y alevoso en 1985- que el “Estado se organiza para proteger a la persona” (al ciudadano, al pueblo que representa). Prefiero el término ciudadano porque es el acuñado por la Revolución Francesa (ciudadano Capeto) ya que “persona” en su primera acepción se refiere a la máscara del actor.
Ya lo dije en mi columna anterior y lo repito: ¡Giammattei consuma estrepitosas cojeras desde el inicio de su delirante mandato! Lo ocurrido recientemente en la finca Sto. Tomás (montando un frente derivado del Pacto de Corruptos) y lo acontecido en San Juan Comalapa, nos dan la medida de lo que es su megalomanía de autócrata, intentando aglutinar en él los tres poderes del Estado. Actitud irreverente que refrendó (como todos conocemos por escandalosa) con sus participación en la Operación Pavorreal donde se actuó vilmente bajo el principio militar y encomendero de la limpieza social, que da al traste con las bases democráticas en que se ha de fundamentar la arquitectura de una república contemporánea, levantada sobre una construcción de respeto a los derechos humanos, de memoria en torno a la guerra civil guatemalteca, de protección a convenios como el 169 sobre pueblos indígenas, de amparo y defensa ¡en fin!, de grupos minoritarios ejecutados o perseguidos –explícita o implícitamente- como los LGBTIQ.
La gestión de este colonial statu quo renovado en julio de 2020 es un golpe de Estado a la democracia, es decir al pueblo representado precisamente en el Estado que ya hemos visto en muchas acciones pestilentes de la Historia Patria. Cuando y donde los Presidentes de turno actúan en nombre de la alta burguesía y los terratenientes semifeudales. Y hoy, en recientes hechos repulsivos:
1. Al silenciar al alcalde Bal en San Juan Comalapa, cuando éste intentaba ofrecer su condena comunal en contra de las mineras que pisotean a los pueblos originarios por no consultarlos como lo ordena el Convenio 169 de la OIT. Y porque -al acallarlo- conculcó el Artículo 35 constitucional, del derecho a la libre emisión del pensamiento.
2. Al organizar tenidas satánicas en la vieja finca del Ubico con la finalidad de minimizar o comprar al Congreso en buena parte y así seguir actuando como en los días del In-Morales que se fue sin antejuicios: en caballo negro.
3. Organizando desde lejos la formación de una CSJ (con suplentes) para intentar defenestrar a la Corte de Constitucionalidad, único organismo medio demócrata que subsiste.
4. Asimismo, y mediante diputados afines y jurásicos, expulsar al PDH, usando tecnología de escusado y de factura burda y pueril: por defender a los LGTBIQ y no al inerme Ejército, en su día.
Y 5 (porque ya no tengo espacio sino continuaría) por su antigua pertenencia a la Operación Pavorreal o de limpieza social. Sentimiento diabólico al que me consta pertenece “de corazón”, gran parte de nuestra católica oligarquía, que hoy se llena de gloria por el nombramiento del nuevo arzobispo de Guatemala.
Tras la trágica cortina de carne, hueso y osa trepidante y derrotante de la pandemia, se levanta una muralla –otra vez, luego de una nueva toma de posesión de hace sólo seis meses- inexpugnable: la de la dictadura nacional disfrazada de persona teatral: la democracia.
Guatemala condenada a la agonía por otro sátrapa que representa –aunque digan que no- los torvos intereses de la clase opulenta y dominante. ¡Metámoslo preso igual que a Pérez! Artículo 28º y 33º.
