Fernando Mollinedo

mocajofer@gmail.com

Guatemalteco, Maestro de educación primaria, Profesor de segunda enseñanza, Periodista miembro de la Asociación de Periodistas de Guatemala, realizó estudios de leyes en la Universidad de San Carlos de Guatemala y de Historia en la Universidad Francisco Marroquín; columnista de Diario La Hora durante 26 años, aborda en sus temas aspectos históricos, educativos y de seguridad ciudadana. Su trabajo se distingue por manejar la palabra sencilla y coloquial, dando al lector la oportunidad de comprender de modo sencillo el universo que nos rodea. Analiza los difíciles problemas del país, con un criterio otorgado por su larga trayectoria.

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Fernando Mollinedo C.

Si, el Ministerio de Desarrollo compró 120 MIL RACIONES a una empresa mexicana que vende sin ánimo de lucro, cierta cantidad de arroz fortificado con sabor a carne a precio de Q12 cada libra; la transacción se hizo en territorio mexicano. No se sabe quién o quiénes son los funcionarios guatemaltecos que realizaron dicha transacción.

El viernes 24 de julio de 2020 (hace 3 días) por la mañana, el periódico impreso Soy 502 publicó en las páginas 6 Y 7 la noticia de dicha transacción, con el agregado que, el valor de la negociación en territorio guatemalteco ascendió a la cantidad de TREINTA Y DOS QUETZALES POR CADA LIBRA DE ARROZ (Q32) según dicho medio informativo, hay una SOBREVALORACIÓN DE DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL QUETZALES.

Así mismo, dicha noticia fue comentada el mismo día en el programa radial LIBERTÓPOLIS donde sus conductores hicieron un análisis matemático sobre las cantidades sobrevaloradas en dicha negociación.

Realmente, da asco y tristeza comentar situaciones de esta naturaleza, porque salen a la luz pública las pobrezas morales y espirituales de las personas que trabajan en los ministerios del organismo ejecutivo y aprovechan tal circunstancia para realizar sus ambiciones de poder económico a costa de la salud alimentaria de la población en estado de desnutrición.

Cuestionar los aspectos morales y éticos de tales funcionarios es por demás vano en estos momentos, porque se supone que han de actuar con la venia de sus más altas autoridades, lo que les permite esa conducta impúdica de impunidad pública, que ni siquiera tratan de esconderla y lo hacen de tal manera que hasta se sienten “héroes”.

Cada equipo humano que se estrena como gobernante, se jacta públicamente de honradez, pudor y buenas intenciones; sin embargo, poco tiempo duran en cambiarlas debido al fenómeno de la lisonja recibida por parte de los subalternos quienes en su afán de asegurar sus puestos de trabajo y ganar la voluntad de sus nuevos jefes, no dudan en caer en situaciones de servilismo, chismes, delaciones e incluso insinuaciones para cultivar el temperamento romántico.

Tales circunstancias elevan el EGO de los nuevos funcionarios y empleados públicos quienes principian a creer que por designio divino están en esos puestos y que hasta ese momento no hubo funcionario anterior más capaz que ellos para dirigir los destinos de esas dependencias, ministerios o presidencia; y por lo tanto, sin lugar a dudas, lo que ellos piensan, creen, imaginan, suponen o se les antoja, es lo correcto, lo que se debe hacer, puesto que está basado en su infalibilidad.

El Régimen de Control y Fiscalización del Estado está delegado en la Contraloría General de Cuentas, según mandato contenido en el artículo 232 de la Constitución Política de la República de Guatemala, por lo que, ante el conocimiento público de esta situación de sobrevaloración impúdica, ilegal e inmoral, DEBE ACTUAR de inmediato y deducir las responsabilidades del caso.

¿Qué dirá el señor Alejandro Giammattei de estos sus funcionarios que muestran a su gobierno como corrupto? ¿Serán destituidos y devolverán el dinero estos ladrones?

 

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