Adrián Zapata
El pasado 19 de julio, mediante el Decreto 13-2020, el gobierno declaró estado de sitio en tres municipios de Izabal y en dos de Alta Verapaz. Lo justifica afirmando que “Diversos habitantes y grupos armados han efectuado actos violentos y ataques contra las fuerzas de seguridad…”. Agrega que “Las acciones de esos grupos del crimen organizado han provocado la pérdida de empleos, la ejecución de múltiples delitos contra las personas y sus bienes y pretenden convertir la región en un área controlada por criminales, incluso de extranjeros y de antiguos integrantes de facciones armadas.”.
Esta declaratoria tiene un antecedente que lo explica, una conferencia de prensa vía virtual realizada por ACDEPRO, Asociación para la defensa de la propiedad privada, donde se señaló que “las invasiones de fincas son un problema latente que afecta en su mayoría a zonas de Alta Verapaz, Izabal y Petén”, agregando que “No ha existido voluntad de las autoridades para ejecutar los desalojos que ya han sido autorizados”.
Inmediatamente que se decretó el Estado de Sitio, las organizaciones empresariales rápidamente lo apoyaron.
ACDEPRO, reaccionó de inmediato, apreciando que el gobierno hubiera respondido positivamente a su solicitud, arriba referida. Declaró que “respalda el Estado de Sitio decretado por el gobierno central en municipios de Izabal y Alta Verapaz. ….”, afirmando que “… confía en que se ejecuten las órdenes de desalojo que están pendientes desde hace varios meses …, y también solicitó que “se ejecuten las órdenes de captura contra los líderes de los usurpadores, quienes se escudan en las invasiones para cometer actos delictivos que tienen relación con el crimen organizado.”.
La Gremial de Palmeros, GREPALMA, denunció que “las operaciones de empresas del sector se han visto amenazadas por la situación de ingobernabilidad del área, siendo constantemente afectadas por actos violentos, invasiones a propiedad privada …”, también solicitando al gobierno que “se actúe durante este Estado de Sitio para asegurar los derechos constitucionales.. y resguardar las inversiones que permiten el desarrollo”.
Por su parte, la Cámara del Agro reaccionó pidiendo que “Este Estado de Sitio sirva para que se ejecuten todas las órdenes de desalojo…. Y se procese como establece la ley a quienes hayan cometido los delitos de usurpación y usurpación agravada…”.
La Cámara de la Industria fue parte de este coro empresarial y al apoyar al gobierno por el establecimiento del Estado de Sitio en esos municipios, le pide “…que se investigue, capture y se someta a la justicia a los autores intelectuales y materiales de invasiones, destrucciones, usurpaciones a la propiedad privada, bloqueos y otros actos vandálicos que han puesto en riesgo los empleos de la zona”. Agregando que “… a partir de estas acciones, se mantenga la presencia de fuerzas de seguridad en el área…”.
Esa es la política agraria del Presidente Giammattei: estado de sitio, militarización y represión. Paralelamente, desmantela la institucionalidad agraria, ya que la Secretaría General de la Presidencia está preparando la desaparición de la Secretaría de Asuntos Agrarios. Va por el camino equivocado. La conflictividad agraria no se resolverá así, sólo se alimentará la bomba de tiempo de la convulsión social en el campo.
