Marco Trejo
La opacidad del Congreso de la República se debe al accionar de algunos parlamentarios que creen que son los dueños del Organismo Legislativo y pueden hacer lo que les viene en gana los fondos del Estado, los cuales son impuestos y deben ser invertidos en el desarrollo del país y no para beneficiar a los congresistas o allegados.
En legislaturas pasadas se ha conocido de la contratación de asesores, bajo el reglón 029, pero estos a su vez para devolver, el favor de tener un trabajo, tienen que entregar un porcentaje de lo facturado a su padrino, lo cual es un delito que ha sido perseguido por el Ministerio Público (MP).
Otros casos que se escuchan y son litigados en los tribunales de justicia, son los casos de plazas fantasmas, esto es peor aún, porque la componenda es recetarse una cierta cantidad de plazas, para que los señores diputados puedan agenciarse de un dinero mal habido, que después, estos fondos, son utilizados para sus campañas políticas que les permite pasar otro período legislativo a costillas del pueblo.
En fin así podemos mencionar otras tantas formas de corrupción en el “Honorable Congreso de la República”, que ha provocado que sea una deshonra, pertenecer al ente estatal, que solo ha servido para que surjan nuevos ricos, quienes se han olvidado de legislar en favor de una sociedad que necesita mejorar en todo sentido.
Recientemente se conoció otra vergüenza parlamentaria, al reportarse que varias bancadas de novena Legislatura contrataron como asesores, como favor político, a los ex diputados Roberto Villate, Juan Ramón Lau, Juan Manuel Giordano, quienes durante su paso por este alto organismo salieron mal vistos por su mediocre trabajo.
Pero ahora se conoce, que el Congreso de la República contrata a dos de los abogados defensores del diputado Felipe Alejos, en el caso Traficantes de Influencia, para que se integren como asesores para cubrirle las espaldas al flamante vicepresidente de la Junta Directiva.
Todo esto no es un invento y de la manera más descarada lo dejan consignado en el Sistema de información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Guatecompras, lo cual debe ser investigado por la Fiscalía General de la República que debe perseguir este tipo de hechos que dejan mal parado el accionar de la cúpula parlamentaria.
De acuerdo con la publicación de Guatecompras (NPG), E472792776, el Legislativo contrató a los dos profesionales del derecho por un monto de 334 mil 219.35 como asesores para la Dirección de Estudios e Investigación Legislativa y como asesor parlamentario de la subjefatura de la bancada TODOS, a cargo del diputado Boris España, lo cual quedó plasmado en las actas de Junta Directiva 16-2020 y 24-2020.
Pero lo más lamentable de todo este paquete, es que los dos abogados, no tienen horario fijo para presentarse a sus labores en el Congreso de la República, lo cual no les obliga a marcar horario de entrada, ni de salida y solamente se deben limitar a entregar un informe mensual sobre las actividades que supuestamente realizaron durante el mes laborado.
Este accionar debe terminar y se le debe poner fin, para que los guatemaltecos, tengamos la certeza de que nuestros impuestos están siendo invertidos como corresponde en educación, salud, infraestructura, entre otros, y que los mismos no sirvan para que los “Honorables Diputados” hagan lo que les viene en gana, el dinero de los impuestos, que no son ganados por el trabajo de los congresistas sino que el esfuerzo de los contribuyentes, que mes a mes, ven la forma de cumplir con sus obligaciones tributarias. Este es el momento para que se ponga a prueba la nueva Fiscalía contra la Corrupción, recientemente inaugurada por el Ministerio Público, la cual debe empezar a resultados y que haga honor al nombre con la que la bautizaron.
