Raúl Molina
En una videoconferencia de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Políticas, con el tema del poder de las ideas sobre la reflexión y las acciones políticas, se planteó como disyuntiva de los Estados contener el COVID-19, propuesta por sectores humanistas, o reabrir la economía, propuesta por una parte del sector privado. Para los primeros, entre quienes me ubico, lo importante es “salvar vidas” –todas, incluida la gente “descartable” de la tercera edad y sectores marginados- mientras que los segundos plantean que hay que “salvar puestos de trabajo”, con miras a lograr apoyo del bajo porcentaje de trabajadores empleados y las capas medias. Esa disyuntiva es a todas luces falsa. Lo primero es correcto: sí, estamos por salvar todas las vidas que sea posible, evitando el contagio del coronavirus vía distanciamiento social y confinamientos inteligentes. Pero la segunda parte es absolutamente irreal, como hemos observado con la inmensa cantidad de despidos que se han producido en casi todo el mundo occidental y el colapso de la economía de subsistencia. Lo que busca el sector privado no es salvar puestos; su interés es mantener la tasa de ganancia. Es el irracional capitalismo, el sistema basado en la usura, que lo sacrifica todo para seguir acumulando capital en pocas manos y al ritmo de siempre. Podemos estar seguros de que, al reabrirse la economía, gran parte de los puestos de trabajo se habrán esfumado; la preocupación será contratar sólo lo mínimo y poder sobrexplotar a las y los trabajadores que sean retenidos.
La experiencia de la Humanidad con la Gran Depresión y sus consecuencias, en el decenio de 1930, nos dejó la enseñanza de que para salir de ella había que llevar alimento a toda familia, mediante el empleo masivo en obras de infraestructura. La inmensa red de infraestructura que luego ha servido para el crecimiento económico de los países occidentales fue hecha con uso intensivo de mano de obra, al tiempo que las necesidades sociales fueron satisfechas con el salario de las personas. Es ésta la salida económica después de la pandemia y no el despido masivo de trabajadores y trabajadoras, que solamente profundizará la pobreza y la marginalidad. Regímenes de mentalidad represiva, como el de Trump, el de Piñera y Guatemala bajo la “dictadura de la corrupción”, tratan de reforzar sus aparatos represivos, para destruir los movimientos reivindicativos de las masas pobres, mediante su criminalización y la fuerza bruta. En Guatemala, las fuerzas armadas han hecho muy poco de cara a la pandemia y se han quedado estáticas frente a los groseros abusos de los tres Poderes del Estado; pero se preparan para intervenir en los conflictos sociales, aprovechando los estados de excepción. El Congreso, en vez de aprobar medidas para defender a las grandes mayorías del país, está dedicado a vengarse, en nombre del CACIF y el crimen organizado, de quienes han luchado contra de la corrupción y la impunidad. En la nueva normalidad que propiciamos, el Congreso actual debería reencarrilarse o desaparecer. Reabrir la economía bajo las condiciones actuales es energizar la pandemia.
