Marco Trejo
Las cifras que dio el Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS), causaron un caos entre la población guatemalteca, todo por el mal manejo de las estadísticas que proporcionan de los casos positivos, número de muertes, recuperados y totales de casos que hay en los diferentes hospitales del sistema nacional y muy reciente en el sistema privado.
Ayer la misma ministra de Salud Pública, Amelia Flores reconoció que los datos que se han proporcionado, hasta el momento, durante los más de 100 días de pandemia en el país, no han sido lo más certeros y prometió que en cuatro días va tener la actualización de casos como de pruebas que se han realizado, por el sistema nacional de salud, para tranquilidad y confianza de la población guatemalteca.
Este tipo de situaciones no es nada bueno, para un Gobierno que ha enfrentado una enfermedad con una serie de problemas, tanto por la poca ejecución presupuestaria, que tiene el sistema de salud, como por la resistencia que ha tenido en los últimas semanas, porque la gente se ha desesperado, por los más de tres meses, que tienen de estar confinados en sus hogares.
Los guatemaltecos han tenido que afrontar un confinamiento obligado y decretado por el Estado, para tratar de minimizar el impacto que pueda tener, en la salud, un virus que es muy contagioso y que en pocas horas provoca la saturación de los hospitales, lo cual deriva en que los pacientes tengan que permanecer en los pasillos de los hospitales y se provoque un hacinamiento total.
Pero si a esto le sumamos los despidos indirectos, el cierre de las empresas y el deterioro de la economía, tenemos como resultado una población desesperada, que tiene que ver cómo se las ingenia, para subsistir sin ponerse a pensar en la importancia de la salud misma y la de sus familias. Es cierto que el Covid-19 no es un virus mortal, su tasa de mortalidad es relativamente baja, pero si merma las capacidades físicas de los infectados y si no se da el tratamiento adecuado se convierte en un infierno, para los que la padecen, porque pierden la capacidad de respiración.
Esta situación derivada de la mitigación de la pandemia, ha generado descontento y desconfianza entre la población, y en dos semanas vemos que la popularidad que tenía hace mes y medio el presidente de la República, Alejandro Giammattei se ha visto afectada y muchas personas han empezado a manifestar desconfianza e incredulidad de las palabras del mandatario. Situación que no es buena, porque genera temor, miedo y falta de respeto hacia la figura presidencial.
Muchas personas critican la falta de reacción del Estado y se ha conocido que ha sido por la burocracia que vivimos, donde cada compra, cada adquisición, cada movimiento, tiene que pasar una serie de requisitos engorrosos, que no permiten agilizar un aparato estatal, que se queda corto para atender las necesidades que tiene la población, en un estado de emergencia, que no permite tener las condiciones necesarias para mantener la estabilidad económica y emocional de las familias guatemaltecas.
Y si sumamos a todo esto, el desgaste mediático gubernamental, la elección de las Cortes de justicia, tenemos envueltos, en una marea de críticas, a los tres organismos del Estado, por la forma como se maneja la politiquería y la cosa pública, donde vemos como un grupo de personas han manipulado, a sabor y antojo, una designación de magistrados que les permitirá mantener la impunidad, que nos tiene atados de pies y manos, para lograr frenar la corrupción estatal que no ha permitido el desarrollo de un país que se encuentra al borde del colapso.
Es necesario que se realice una elección, limpia y transparente, para evitar la desconfianza colectiva y que los guatemaltecos veamos, una luz al fondo del túnel, para evitar tener cortes manipuladas y cooptadas, para fines particulares, donde vemos que las personas designadas tienen que visitar cárceles, para lograr un puesto, que debe servir para dar equidad jurídica a la población. No necesitamos más esta situación, necesitamos gente proba, que llegue hacer su trabajo, el cual debe estar enfocado en aplicar las leyes vigentes de nuestro sistema de justicia.
