Juan Antonio Mazariegos
Se dice que un funcionario público se ha extralimitado en sus funciones cuando sus actos van más allá de aquello que la ley le ordena. En función del principio de legalidad y como aplica este para los funcionarios públicos, de manera taxativa, estos solo pueden hacer aquello que la ley específicamente establece para sus actos. Hoy el término está de moda, en virtud del conflicto político – jurídico que mantienen la Corte de Constitucionalidad (CC), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Congreso de la República, en función de la elección de Magistrados para la CSJ y las Salas de Apelaciones del Organismo Judicial que está pendiente de realizarse por parte del Congreso.
Tratar de analizar, de manera aislada, cada una de las actuaciones de los distintos órganos a lo largo del conflicto en cuestión, no nos puede llevar más que a la conclusión de que todos, de una manera u otra, se han extralimitado o incurrido en actuaciones de dudosa ética o legalidad y por lo tanto la situación debe ser analizada en todo su contexto para cuando menos aspirar a entender el embrollo.
El Ministerio Público (MP) presentó una denuncia, acompañada de pruebas, consistentes en grabaciones de audio y video, en donde se hacía ver que Gustavo Alejos, procesado por casos de trafico de influencias, había sostenido reuniones con algunos de los integrantes de las listas de candidatos, emanadas de las Comisiones de Postulación para la CSJ y las Salas de Apelaciones. En principio y dados los antecedentes de Alejos el ente investigador accionó.
Dado que los procesos penales en Guatemala suelen quedarse empantanados y que el Congreso ya había recibido las listas de candidatos, el MP presentó una acción de Amparo ante la CC, en virtud de la amenaza que se cernía sobre la justicia, a juicio del ente investigador, para que se impidiera que el Congreso eligiera a alguno de los candidatos señalados en su denuncia, alegando que estaba en riesgo la imparcialidad y objetividad de las futuras cortes.
La CC otorgó el Amparo en cuestión, el Congreso fue notificado y unos días después la CSJ dio trámite a una solicitud de Antejuicio en contra de los Magistrados de la CC, en virtud de una denuncia por dicho fallo. Varias personas interpusieron Amparos ante la CC y ésta última, integrando tribunal de Amparo con varios de los Magistrados a los que se les había iniciado antejuicio, acogió dichos Amparos y dejó sin efecto la investigación.
El siguiente turno a la perinola lo lanzó el Congreso cuando desobedeciendo la resolución del Autoamparo que se otorgaron algunos de los Magistrados de la CC, continúo con las actuaciones de la Comisión Pesquisidora y hoy nos encontramos en medio de una espiral que amenaza el mismo orden constitucional y la credibilidad de todas las instituciones involucradas.
A mi juicio, las bases de este problema son la politización de las instituciones, la búsqueda de impunidad y la lucha por el poder en la CSJ. Entiendo como Abogado que lo resuelto por la CC, en cuanto al Amparo presentado por el MP debe prevalecer y que el Congreso debe acatar esa disposición. No debió de haber sucedido todo lo que ocurrió después, ninguna de las instituciones involucradas sale bien parada de todo esto, aunque quizás no importe a nadie, con tal de mantener u obtener el poder.
Juan Antonio Mazariegos G.
