Gustavo Marroquín Pivaral

Licenciado en Relaciones Internacionales. Apasionado por la historia, el conocimiento, la educación y los libros. Profesor con experiencia escolar y universitaria interesado en formar mejores personas que luchen por un mundo más inclusivo y que defiendan la felicidad como un principio.

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Gustavo Adolfo Marroquín Pivaral

A lo largo de los últimos años, he podido darme cuenta de una realidad que ha estado siempre presente. Y esa realidad es que hay distintas Guatemalas dentro de Guatemala, y la gente suele generalizar sobre esto cuando se discute de política en nuestro país. A pesar de que todos gozamos (en papel) de igualdad ante la ley, la justicia guatemalteca es altamente selectiva. En las clases sociales acomodadas se nos enseña que todos tenemos igualdad de oportunidades, cuando la realidad nos muestra que el sistema tiende a favorecer a una minoría muy reducida. Estos son temas que podrían desarrollarse a lo largo de una tesis o incluso el tomo de un libro, pero mi intención es hacer un breve análisis de estas realidades que se pusieron de manifiesto (más no se crearon) con la actual pandemia.

¿De qué Guatemala hablamos con respecto a la igualdad de la ley? Me temo que aquí la justicia no aplica igual para todos, por más que la Constitución así lo mande. En la Guatemala acomodada, se guardan rezagos del sistema colonial donde las penas por infringir la ley son proporcionales a su importancia en el círculo elitista tradicional. Cuanto más abolengo tenga un infractor, más parcial es la justicia. El 30 de mayo trascendió que cuatro mujeres indígenas fueron capturadas en Quetzaltenango por la policía por no acatar el horario del cierre del mercado, donde vendían verduras y fueron tratadas como delincuentes.

El 12 de junio Guatemala se indignó por la fiesta clandestina que se hizo en plena pandemia en una exclusiva mueblería en Carretera a El Salvador. Los asistentes eran todos de clases sumamente acomodadas, muchos eran menores de edad, y violaron el toque de queda, el aislamiento social, el uso obligatorio de mascarillas, prohibición de reuniones sociales (entre varias otras infracciones). ¿Qué hizo la policía al ser alertada? Llegó al establecimiento, se limitó a disolver la fiesta y a mandarlos a todos a sus casas (bajo acusaciones de distintos sectores de posibles sobornos). Pasaron varios días hasta que se montó un operativo policial para aprehender a los presuntos responsables. Si bien los dueños de la mueblería fueron capturados, la gran mayoría de los asistentes ni siquiera fueron multados.

Estos hechos ocurridos durante la pandemia del Coronavirus solo vienen a mostrar la punta del iceberg de una sociedad altamente dividida entre iguales y no tan iguales. Los ejemplos de la justicia selectiva en las fiestas clandestinas son triviales ante la realidad histórica de nuestro país. Muchos de los males que tenemos actualmente no provienen tanto de nuestro pasado colonial, sino la forma en que se fraguó nuestra independencia. Muchos economistas y politólogos de renombre, como Daron Acemoğlu y James Robinson, han investigado el fenómeno de la “Ley de Hierro de la Oligarquía”, donde se muestra claramente el patrón que muchos países siguieron al conseguir la independencia: élites locales que deseaban perpetuar el modelo altamente extractivo, explotador y discriminador que habían impuesto los europeos, solo que ahora bajo su control.

En Guatemala no hubo tal cosa como un movimiento social inclusivo y pluralista que luchó por independizarse del yugo de España. Más bien, una élite se apropió del “negocio” que le pertenecía a la corona y excluyó a la gran mayoría de la sociedad (sobre todo a los indígenas) para la construcción del nuevo Estado. Los indígenas y las clases sociales más pobres de nuestra nación son un gran reflejo de esta “Ley de Hierro de la Oligarquía”. Para ellos, como dijo Galeano, la justicia ha sido como una serpiente, solo muerde a los descalzos.

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