Jorge Santos
Algunos teóricos refieren que el autoritarismo es un régimen político que abusa de su poder y que impone la voluntad de un individuo o de una pequeña elite. Este tipo de régimen suprime todos los derechos humanos y libertades fundamentales. El autoritarismo es lo contrario a la democracia y aunque es bastante cercano al totalitarismo, este no tiene una ideología tan desarrollada que lo defina, sino que sólo sigue los intereses particulares de un líder o una minoría que está en el ejercicio del poder.
Luego de muchos años de una dictadura militar, que sólo alternaba a quien estaba en el ejercicio del poder, se tomo la decisión en 1985 de poder redefinir su Pacto Social con miras a la construcción de una democracia. En aquel entonces alcanzó, para hacer una Constitución Política, que aunque daba el marco para un Estado Social de Derecho, también la convertía en la referencia constitucional para la estrategia contrainsurgencia. Fue evidente, que al igual que con cualquier propuesta que intente sacar al país de su aletargado atraso, la oligarquía guatemalteca no estuvo de acuerdo en su totalidad con aquel nuevo Pacto o contrato social, ya que aún y con sus deficiencias, la Constitución tiene un enorme potencial en cuanto a la protección de derechos humanos y establece instituciones capaces de hacer el contrapeso al abuso de autoridad y a la arbitrariedad. Es de esa cuenta, que nacen a la vida instituciones tales como el Tribunal Supremo Electoral –TSE-, la Corte de Constitucionalidad –CC- y la Procuraduría de los Derechos Humanos –PDH-.
Hoy, luego de 36 años, curiosamente la misma cantidad de años que duró el Conflicto Armado Interno, la oligarquía guatemalteca al igual como lo ha hecho a lo largo de la historia en el país, decide a su sabor y antojo, que ese Pacto Social ya no le es útil para sus intereses y decide a sangre y fuego romperlo y para ello ha realizado alianzas no sólo con su pares de la elite política corrupta, sino con el crimen organizado. Si bien esta estrategia de rompimiento del orden constitucional vigente en el país, se venia dando paulatinamente al cooptar las cortes, el Ministerio Público, expulsar a la CICIG y poner en la Presidencia a un servil más, la Pandemia del Coronavirus les da la excusa perfecta para acelerar y profundizar la estrategia de retroceso democrático y de derechos humanos. Es por ello, que no les importa cometer ilegalidades y delitos flagrantes a sus serviles peones en el Congreso de la República y tampoco les importa que la población muera enferma del COVID 19 o de hambre, lo importante para esta rancia oligarquía es garantizar que sus privilegios quedaran intactos y que los mismos serán garantizados aún a costa de la vida, la libertad y los derechos humanos de la sociedad guatemalteca. Por ello, defender a la CC es defender los valores democráticos y con ello no permitir a esta criminal oligarquía salirse con la suya.
