Emilio Matta Saravia
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Hay momentos que son determinantes en la vida de una persona, en particular, o de una nación, en conjunto. Las acciones del particular o de los gobernantes (y la población en general) pasan a ser parte de la historia, para bien o para mal. Estos últimos meses en Guatemala han tenido bastante de eso. Han sido meses que pasarán a la historia y el papel que juegue el Ejecutivo, principalmente el Presidente, será decisivo. Hasta el momento, no lo ha sido.
En mi humilde opinión, el Jefe del Ejecutivo ha pecado tanto de acción como de omisión. Me explico. En esta pandemia, el Presidente Giammattei quiso jugar a ser héroe, echándose encima no solo la responsabilidad (que implícitamente es suya), sino la carga de trabajo, planificación y ejecución de todas las medidas a tomar para atender la emergencia sanitaria que el COVID-19 ha traído al pais. A pesar de ser médico de profesión, su gestión de la pandemia ha sido errática y muy deficiente. Tuvo a un equipo de trabajo en el Ministerio de Salud que demostró no ser capaz siquiera de llevar correctamente los registros de pruebas realizadas, casos positivos y muertes a causa de COVID-19, además de gestionar de forma pésima el abastecimiento de insumos para los hospitales temporales que atienden la epidemia. Han pecado, Presidente y Ministro, de soberbia no solo al no aceptar sus falencias, sino que se han empecinado, porque siguen con la misma actitud, en intentar descalificar a quienes opinamos de forma distinta a su poco ilustrado criterio. Remover al ministro de Salud, pero encargarle la delicada tarea de construir nuevos hospitales con un financiamiento del Banco Mundial, resulta otra muy mala o muy artera decisión de nuestro gobernante. La gota que ha derramado el vaso fue su mensaje del domingo pasado, donde burdamente intentó comparar la situación de contagios y muertes de Guatemala con las de Ecuador y de Chile, tan solo por ser países similares en cantidad de habitantes, omitiendo de forma aviesa la cantidad de pruebas realizadas en los tres países, dato que cambia totalmente las conclusiones de su “análisis”. Pecado por acción.
La semana anterior la Corte Suprema de Justicia envió al Congreso una solicitud de antejuicio para algunos, no todos, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y el Congreso de la Republica ha desconocido abiertamente instrucciones de la Corte de Constitucionalidad, como lo hizo hace dos años el mentecato expresidente Morales. Con esto se intenta dar un claro golpe a la institucionalidad democrática del pais. A pesar de no estar de acuerdo con algunas resoluciones de dicho órgano, las mismas deben ser acatadas, y sobre eso no puede haber discusión. No es una “dictadura de los jueces”, como dicen algunas voces. Tampoco son decisiones que “promueven” el desempleo. Hay que entender que una Corte no es una oficina de promoción de empleo o de inversión. Una Corte es una autoridad judicial que dicta resoluciones y sentencias para preservar la integridad y supremacía de la Constitución de la República. Sobre estos hechos, nuestro gobernante no se ha pronunciado, aceptando tácitamente el actuar del Congreso de la Republica. Su deber como Presidente es defender la Constitución. Pecado por omisión.
