Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
Hoy tenía toda la gana de escribir de que así como es necesario fortalecer nuestra posición con el COVID-19 y la información en torno al estado de la pandemia, situación de los enfermos, condiciones de los fallecidos, situación en hospitales, cantidad de pruebas disponibles y capacidad para procesarlas, pues es necesario que el Gobierno designe tiempo y personal para que se genere un consolidado de las ejecuciones en tiempos de coronavirus.
Yo puedo dar fe de empleados que han recibido su bono de protección del empleo, pero no es el único programa de apoyo y se vuelve necesario que el Ejecutivo haga lo propio para condensar y hacer accesible a toda la población la ejecución de la ampliación presupuestaria. Mucha gente ha expresado que debemos tener plena certeza que el endeudamientos se esté utilizando en lo necesario y que no sigan habiendo hoyos en los que se caigan en viejas prácticas y ha habido un par de situaciones que amerita que se libere de forma ordenada y clara la totalidad de ejecuciones.
Pero derivado de la situación que vive el país, me extenderé en otra columna al respecto porque lo que vive Guatemala es una delicadísima situación propiciada por algunos que están buscando, afanosamente y al igual que los doctores espera la del COVID-19, una vacuna de impunidad y están realizando peligrosas maniobras que ponen en riesgo nuestro frágil Estado de Derecho y sistema económico.
Nadie en Guatemala puede decir que en los últimos años se ha cumplido con la Constitución cuando de elegir magistrados de trata, porque no hemos buscado sujetarnos al 113 de la Carta Magna que establece la capacidad, idoneidad y honradez como requisitos para optar a un empleo o cargo público, en este caso, en el Organismo Judicial.
Y derivado de las últimas actuaciones de Gustavo Alejos que algunos en el Gobierno de forma privada y muy cuidadosa critican, se inició un proceso de investigación y Consuelo Porras presentó un amparo que derivó en una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) y que ahora es la excusa para el Golpe de Estado Técnico que dio el Congreso al mejor estilo de Jorge Serrano.
Hay quienes han querido convertir esto es un tema ideológico por dos razones, uno porque ya les resultó en el pasado y dos, porque así se evitan entrar al fondo del asunto pero no, no es ideológico.
Yo no he estado de acuerdo con todas las resoluciones de la CC, ni de la Corte Suprema de Justicia, Salas de Apelaciones, tribunales de sentencia o jueces de primera instancia, pero no por eso he expresado que deban ser removidos de sus cargos.
El juez no puede ser procesado penalmente porque declaró inocente o culpable a alguien. Para eso existen las apelaciones o recursos que contempla la ley. Diferente es si el juez o magistrado, recibe dinero o trafica influencias y como consecuencia de ello emite un fallo judicial y por eso quienes hoy vuelven a cruzar esa peligrosa línea de encausar penalmente al juez solo por disentir de su fallo, se están “cagando” en todo por mucho que hablen o se quejen de la falta de certeza.
Nuestro sistema de justicia necesita cambios, de fondo y desde la Corte de Constitucionalidad hasta los juzgado de paz, pero debemos sostener esos debates de forma honrada, coherente y en especial transparente y no pretender borrar del mapa la autoridad de un tribunal solo porque no ha resuelto como yo quería.
Mucha gente veía en las cortes de Gustavo Alejos como la salvación para cerrar sus causas penales o para asegurar que nunca se abrieran otras y al ver truncado ese sueño, se han lanzado peor que desarrolladores por la vacuna del COVID-19, solo que buscando inmunidad para gozar de impunidad.
Ahora Consuelo Porras tiene la palabra pero no será suficiente porque asumiendo que doña Consuelo haga lo que le toca, la CSJ siempre protegerá a las mafias del Congreso. Tocará, como el Serranazo, ordenar las destituciones y que eso junto con el COVID-19, nos sirvan para reencauzar esta Guatemala que tanto queremos pero que a veces, nos hace sudar de más.
