En plena pandemia, cuando la población está no sólo preocupada sino confundida por el soberano relajo que están haciendo con las cifras del avance del coronavirus, el nuevo Pacto de Corruptos que se articuló con la aplanadora en el Congreso que, quiera o no, resulta dirigiendo el mismo doctor Giammattei (como lo hacía Jimmy Morales con la anterior), las cosas se han desbocado y pareciera haber empezado un frenesí tremendo que tiene la finalidad de culminar el sueño de garantizar de una vez y para siempre la impunidad en este país.
Ayer fue un día ejemplar, puesto que la Corte Suprema de Justicia se integró de pronto con suplentes y dio trámite a un espurio antejuicio contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que otorgaron el amparo a la Fiscal General, Consuelo Porras, en el tema de la elección de las Cortes. Literalmente en cuestión de minutos, la directiva del Congreso, en su rol de Comisión Permanente por el receso, que preside el diputado a quien Giammattei designó para presidir el Legislativo, integra la “comisión pesquisidora” tras recibir, al rayo, la notificación de lo resuelto por la CSJ.
No hizo falta escarbar mucho para que saliera el cobre y se viera que la integración del pleno de la Corte Suprema con suplentes fue cuidadosamente planificada y ellos debidamente escogidos. Figuras que paran el pelo y fue tal el descaro que hasta se llamó a quienes tienen la cola machucada no sólo por contactos directos con Gustavo Alejos sino por relación con otros de los casos paradigmáticos de la podredumbre en el país.
El objetivo es minar a la Corte de Constitucionalidad porque aunque saben que no podrán lograr como trofeo la cabeza de los magistrados, es evidente que van en camino de hacer todo para consolidar un sistema de justicia terrible que significará el atraso para el país. Y todo ello no sería posible sin el concurso decisivo y crucial del oficialismo con cuyos diputados cuentan de manera disciplinada y constante quienes articulan las maniobras.
