Sandra Xinico Batz
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Han pasado ya dos semanas de la “fiesta clandestina”, realizada en una mueblería de Condado Concepción en Santa Catarina Pinula. Hasta hoy no se ha dado ninguna captura y la mueblería podría empezar a operar pronto, pues ya ha cancelado la multa que se le había impuesto, la que por haber sido pagada antes del 30 de junio obtuvo una rebaja del 50%.
Desde que el toque de queda inició, se han registrado cientos de detenciones en todo el país, por no haber respetado las disposiciones del gobierno. Estas capturas demuestran que ha existido una forma selectiva de actuar y que como ya sabíamos no somos todas, todos iguales frente a la ley, porque es obvio que la reacción de la Policía Nacional Civil -PNC- al presentarse a dicha mueblería estaba condicionada, por tratarse de un grupo de jóvenes que proceden de familias adineradas o son familiares de funcionarios del Estado, lo cual desde el inicio marcó la forma que fueron tratados y principalmente el hecho de que a pesar de haber sido sorprendidos en el acto, la PNC no realizara ninguna captura en el momento como sí lo ha realizado en todos los demás casos.
Dos semanas de supuestas diligencias para deducir responsabilidades, de las cuales no sólo no hay resultados, sino que se vislumbra que una vez más el dinero y el poder determinarán el rumbo de esta “investigación”, que terminará en impunidad porque no es ningún secreto la identidad de quienes participaron en esta fiesta, ya que por días en redes sociales circularon videos en los que sin ningún problema se pueden identificar los rostros que fueron reconocidos con nombres y apellidos. La dificultad en este caso no es que no se puedan identificar a las y los participantes sino de quienes se trata, lo cual era bien sabido desde el inicio, porque de lo contrario no sólo la mueblería no habría accedido a que allí se realizara una fiesta, sino que al parecer quienes participaron sabían que no habrían consecuencias por sus actos, en la que también están involucrados sus familiares pues muchos de estos jóvenes fueron trasladados a la fiesta por sus mismos padres.
La actitud de estos jóvenes es el reflejo de quienes descienden, un individualismo voraz que busca satisfacer banalidades como efecto de la clase social parásita de la que provienen, que en medio de la pandemia salen para ir a divertirse y no por necesidad, como sí ocurre con miles de personas que además de estar contagiadas de COVID-19 enfrentan las carencias de un sistema de salud empobrecido. Estamos hablando de dos Guatemalas distintas, la de los ricos que controlan las leyes y la de los pobres que sostienen los lujos de esos ricos cuyos hijos se dan el gusto de evadir la ley cuando quieran y donde quieran.
Este caso no sólo no trascenderá a consecuencias reales, sino que una vez más podremos ver que pagando miles de quetzales en multas se librarán como si nada, total papi o mami paga.
