Juan Antonio Mazariegos
Esta semana, se discute en el Congreso de la República la solicitud del Presidente para que el Estado de Calamidad que rige en el país por la pandemia de COVID 19, se prorrogue un mes más, hasta inicios del próximo mes de agosto. El Estado de Calamidad tiene su sustento legal en la Ley de Orden Público y el mismo permite al Ejecutivo, entre otras cosas, la posibilidad de implementar medidas extraordinarias para limitar distintos derechos a los ciudadanos guatemaltecos, en función de esa calamidad que nos afecta y el Congreso podrá ratificarlo, modificarlo o improbarlo.
La presente, que sería la tercera prórroga del Estado de Calamidad en cuestión, se debate en el Congreso en medio de una mucho mayor oposición, toda vez que cada día se acentúa más la discusión sobre si debe privilegiarse la salud por encima de la economía de los guatemaltecos, o si de todas formas, la salud de nuestra gente, se verá tan o más afectada por seguir limitando la locomoción y el derecho al trabajo para procurarse el sustento diario.
Entiendo que hay una mayoría de la población que comprende que estamos en esta situación en función de lo mal que lo hemos hecho por acción u omisión, en la forma en que se ha manejado la cosa pública desde décadas atrás. Un sistema de salud público más robusto nos daría un sustento para enfrentar la actual pandemia u otros males que pudieran aquejar a nuestra población, un esfuerzo mayor por formalizar nuestra economía y una mejor cultura tributaria permitirían una mayor cobertura de la seguridad social y un Estado con capacidad de enfrentar problemas como el presente, sin necesidad de hacer aguas por todos lados o de esperar a que el mundo nos rescate para cuando ya no sea posible detener la enfermedad.
En todo caso, no pudiendo volver el tiempo atrás y seguro de que pasarán muchos meses para que alguna vacuna pueda ser aplicada a la mayor parte de los guatemaltecos, no queda más que asumir que la enfermedad está aquí y que no lograremos encerrar por mucho tiempo más a toda la población, cuando sabemos que más de la mitad vivía al día, aun antes de la pandemia y que esas necesidades se han maximizado a lo largo de los meses que llevamos enfrentando la enfermedad.
Entiendo la posición del Presidente, el sistema de salud esta colapsado ya y teme una apertura masiva que termine hundiendo al mismo y se vivan escenas dantescas en Guatemala. Lo lamentable, es que creo que igual viviremos esas escenas si no iniciamos una apertura ordenada, con limitaciones y penalizaciones fuertes, pero que inicie e impida que la economía siga cayendo y que muchos más hogares caigan en situación de pobreza, lo que igual será una tragedia para el país. Opino que limitar la actividad económica a solo aquella considerada como esencial no es sostenible en el tiempo, pongan reglas claras y estrictas, multen y castiguen penalmente a todas las empresas y personas que no obedezcan los protocolos y las reglas para una apertura sana. Obliguemos si, a las personas mayores y a las personas en situación de riesgo por razón de salud a permanecer bajo cuidado, es nuestra obligación protegerlos, pero no limitemos a todos, igual el hambre y la necesidad los sacarán a la calle, solo que en una situación desesperada que conllevará mayor riesgo.
