Emilio Matta Saravia
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En Guatemala estamos atravesando un momento crítico en la pandemia COVID-19, donde el número de casos diarios ha incrementado de manera sustancial y sostenida, y donde ha quedado demostrado que las medidas adoptadas por el gobierno para frenar el avance de esta enfermedad han sido insuficientes y tardías. Atrás, muy atrás, quedaron aquellos días donde nuestras autoridades (y sus aduladores) se ufanaban de que teníamos un manejo ejemplar de esta pandemia a nivel mundial.
La realidad, en cambio, es muy distinta. La pandemia esta totalmente fuera de control. Somos uno de los países que menos pruebas realiza por millón de habitantes en todo el mundo y, aun así, el número de casos diarios aumenta de forma alarmante. Nuestro sistema de salud, de por si precario y encima cooptado por personas y empresas inescrupulosas que únicamente buscan lucrar a expensas del resto de guatemaltecos, se encuentra totalmente desbordado por la cantidad de nuevos pacientes que acuden, víctimas de esta enfermedad. El gobierno ha perdido la credibilidad en casi todos los sectores por una deficiente estrategia de comunicación y un muy mal manejo de la información.
Aunque podría seguir listando la serie de desatinos de este gobierno en el manejo de la pandemia, me quiero centrar en la que considero ha sido la razón fundamental por la que la pandemia se le salió de control al gobierno: su desidia para atender a quienes laboran en la economía informal. En Guatemala un 70% de la población económicamente activa, aproximadamente 5 millones de personas, trabajan en la informalidad, es decir, salen a diario a la calle a ganarse lo que comerán esa noche. En contraste, alrededor de 2 millones de personas trabajan para el sector formal. El gobierno, conociendo esta realidad, hizo esfuerzos para preservar el ingreso de quienes trabajan en un empleo formal. Aunque tarde, las personas empleadas para empresas de todo tamaño (también para profesionales independientes) comenzaron a recibir las ayudas gubernamentales. Para el sector informal, sin embargo, la historia ha sido muy distinta. Se solicitaron listados de las personas que trabajaban en dicho sector a los alcaldes de cada municipio, a sabiendas de que la mayoría de estas personas no están registradas en las municipalidades por su imposibilidad de pagar los abusivos arbitrios que estas les cobran. Por distintas razones, estas personas tampoco caen dentro de los criterios tomados por el gobierno para sus programas de asistencia social para mitigar los efectos del COVID-19.
En Perú, donde la tasa de informalidad de la economía es similar a la nuestra, ocurrió exactamente lo mismo. El resultado es obvio. Diariamente salen a la calle a tratar de llevar alimento a sus casas miles de personas, hacinados en vehículos que hacen las veces de transporte público, incrementando el riesgo de transmisión de la enfermedad.
Y no puede echársele la culpa a las personas que, por millares, salen a diario a la calle a tratar de subsistir. Esto ha sido y es responsabilidad de los alcaldes y del gobierno central, por no contar con registros adecuados (las municipalidades) y no poder ejecutar programas de asistencia certeros y oportunos (el gobierno central) que puedan cubrir las necesidades de las grandes mayorías en esta crisis. Esta desidia de los gobiernos (central y municipales), han provocado que la pandemia este fuera de control en Guatemala.
