Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
La Constitución dice en su artículo 113 que “Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderán más que razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez”. El precepto es tan claro que sorprende que algunos diputados no logren entenderlo a cabalidad y salgan con respuestas tontas como la de la presunción de inocencia, que es algo que se aplica en los procesos penales cuando una persona está siendo acusada y se tiene que presumir su inocencia hasta que en sentencia se resuelva lo contrario. Por supuesto que todos tenemos el derecho a ser considerados inocentes, pero eso no es equivalente, en absoluto, a ser considerados capaces, idóneos y honestos, que son los requisitos establecidos en la Carta Magna.
El tema puntual aquí es si se puede considerar idóneo y honesto a alguien cuya capacidad se ha manifestado especialmente en el cabildeo con los operadores tenebrosos del Sistema de Justicia en el país, que están trabajando intensamente para asegurar su cooptación en beneficio del régimen de impunidad. Por elemental definición se tiene que decir que aquí aplica, y en mucho, aquello de dime con quién andas y te diré quién eres. Por supuesto que no puede suponerse idoneidad ni mucho menos honestidad en quienes para alcanzar un puesto se ponen a negociar con individuos que están en la cárcel tratando de librarse de graves acusaciones y que, por lógica, dependerán de los nuevos magistrados para resolver su situación. El simple hecho de que alguien se comunique con un sindicado que tiene poder para poner o quitar postulados confirma, sin lugar a ninguna duda, que no es alguien idóneo ni honorable porque está demostrando, fehacientemente, que está dispuesto a vender el alma al diablo con tal de llegar al puesto.
Si quien aspira a ser magistrado se reúne con los Pasaco, con Rigo Rico o El Canguro, ni modo que se le va a considerar idóneo y honesto para el desempeño de una judicatura. Por supuesto que esas reuniones serían para asegurar el respaldo de todas las bandas criminales que verían el cielo abierto con una designación de esa naturaleza, de alguien sin escrúpulos para reunirse con la peor calaña del mundo criminal.
Y por eso digo qué parte es la que los diputados no entienden, puesto que reunirse con Gustavo Alejos, el gran operador no sólo de la pandilla de corruptos, sino controlador de las Comisiones de Postulación y del mismo Congreso, donde junto a Sandra Torres y Alejandro Giammattei hicieron el pacto para elegir a la actual Junta Directiva y conformar la aplanadora para la elección de las Cortes, contando con todo el apoyo de quienes hicieron micos y pericos para sacar a la CICIG de Guatemala porque fueron perseguidos o porque sentían pasos de animal grande.
Agregar a la lista de El Canguro, los Pasaco, Rigo Rico, figuras icónicas del crimen en el país, a los Gustavos y a los Felipes no es en absoluto pecar de exagerados. Por el contrario, si tomamos en cuenta las muertes que han causado y que ahora está causando el saqueo de Salud mediante la venta de medicinas, a lo mejor los primeros quedan como niños de teta.
