Jorge Morales Toj
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La Constitución Política de la República de Guatemala impone la obligación al Estado de garantizar el bien común y de protegerlo. El bien común no es propiedad privada de ninguna persona, es propiedad de todos los ciudadanos.
En nuestro ordenamiento constitucional se establecen las obligaciones fundamentales del Estado. Por su relevancia para el apoyo a la reactivación económica focalizado especialmente en el área rural, se establece en el artículo 119: a) Promover el desarrollo económico de la Nación, estimulando la iniciativa en actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de otra naturaleza; asimismo: j) Impulsar activamente programas de desarrollo rural que tiendan a incrementar y diversificar la producción nacional con base en el principio de la propiedad privada y de la protección al patrimonio familiar. Debe darse al campesino y al artesano ayuda técnica y económica.
La institucionalidad gubernamental debe cumplir sus obligaciones constitucionales y debe impulsar acciones concretas para promover el desarrollo rural integral, teniendo como sujetos de derecho a los y las comunidades indígenas y campesinas del área rural y no verlos como objetos de caridad.
Las comunidades de indígenas y campesinas como sujetas de derecho, tienen derecho al desarrollo y para ello es importante recalcar lo que establece Naciones Unidas en la Declaración sobre el derecho al desarrollo: 1. El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él. 2. El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos Pactos internacionales de derechos humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales
Cabe mencionar que el Estado y sociedad racista y excluyente, visualizan lo rural, lo indígena y lo campesino en tercer plano, sin embargo, la situación que vive el mundo y Guatemala en particular, ha demostrado que la Economía Campesina, en medio de la pandemia del Covid-19 sigue abasteciendo los mercados de las ciudades y nos está brindado lo necesario para comer. Hoy más que nunca, la agricultura y todo lo que nos brinda la madre tierra es crucial para enfrentar los efectos post coronavirus.
En esta coyuntura, reitero mi petición al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y la institucionalidad pública para que tengan a las comunidades indígenas y campesinas como sujetas de derecho y no como simples sujetos de caridad.
Las y los campesinas históricamente han demostrado que pueden y están produciendo, lo que hace falta es que el Estado cumpla su obligación de darle al campesino y al artesano ayuda técnica y económica. Señores del MAGA, del gobierno central y municipalidades, entiendan que lo estratégico es potenciar las capacidades de los agricultores y del campesinado en general para que aumenten su producción y juntos enfrentar el hambre y la desnutrición.
