Crimen es un delito grave o una actitud indebida o reprensible, situación que se dio ayer con la fiesta debidamente organizada y planificada para violentar las normas sanitarias dispuestas en medio de la pandemia que está viviendo el país. En el comercio Tienda O3 de Condado Concepción se desarrolló una actividad que provocó indignación al circular en las redes sociales, lo que provocó la intervención de la Policía y que el Ministerio de Gobernación anunciara que se tomarán las medidas del caso de acuerdo con la ley.
En Guatemala el Código Penal contempla la propagación de enfermedad como un delito en su artículo 301, lo que indica que si como resultado de esa fiesta se produce un caso de COVID-19, los organizadores estarán en serios problemas. Pero también el artículo 305 contempla sanciones para quienes contravengan normas sanitarias, situación en la que ya cayeron los asistentes a la fiesta y los organizadores, quienes deberán enfrentar, además, lo establecido en el Código de Salud, artículo 225, relacionado con las infracciones a la prevención o protección de la salud.
Los asistentes se sienten inspirados en el argumento de que tienen derecho a hacer lo que les da la gana y que el Estado no tiene facultades para restringir movilidad ni actividades, argumento que sostiene un pequeño grupo que hasta organizó una mini manifestación en días pasados. Dicen que tienen el derecho de enfermarse si eso es lo que quieren, pero la realidad es que en este caso estamos frente a una pandemia que causa muertes y quien se enferma “por su voluntad” pone en riesgo la vida de otra gente. Los asistentes a la fiesta llegarán a sus casas donde, por su posición social, tienen personal a su servicio que estará expuesto. Tendrán padres, hermanos y acaso abuelos que pueden contagiarse si alguno de los de la fiesta era portador del virus, lo que demuestra la irresponsabilidad de los asistentes y los organizadores del evento.
El bacanal organizado, porque según los videos que los mismos asistentes circularon en las redes sociales no se puede llamar fiesta a ese evento, constituye no sólo un deliberado desafío a la autoridad, sino un grave atentado contra la salud pública. Tanto los asistentes mayores de edad como los padres y responsables legales de los menores, tienen que rendir cuentas como corresponde para garantizar la necesaria protección de la salud pública. Sin embargo, la policía no reportó capturas, dejando ir tranquilos a los fiesteros, situación que deberá esclarecerse porque deja muy mal parada a la autoridad tras actuar en un hecho de verdadera flagrancia.
