Marco Trejo
Las resoluciones de la Junta Monetaria se han politizado en los últimos meses y
las mismas han provocado, que los entes financieros que operan en el país,
tengan que acudir a las instancias jurídicas correspondientes, para tratar que sus
derechos no sean vulnerados por las autoridades de dicha entidad financiera.
Es preocupante que tanto la Junta Monetaria como la Superintendencia de Bancos
(SIB), se vean involucrados en este tipo de procesos jurídicos, debido a que,
según la ex Junta Directiva de la Financiera de Occidente, Sociedad Anónima
(FIDOSA), han sido vulnerados sus derechos, al haber sido suspendidas sus
operaciones, desde hace varios meses cuando sus números no estaban en
números rojos.
La Corporación de Occidente, por medio de su presidente Pedro Aguirre, ha
comentado que han sido violados sus derechos constitucionales de defensa para
lo cual interpusieron varios amparos de inconstitucionalidad y otras acciones
procesales ante la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia
para restablecer el debido proceso violentado por la Junta Monetaria y la
Superintendencia de Bancos.
Es inconcebible que estos entes tan importante para el funcionamiento de
entidades financieras se encuentre en manos de politiqueros que con intereses
personales y desconocidos violenten lo derechos de otros y más cuando se trata
de empresas privadas que manejan dinero de sus cuentahabientes y le da una
mala imagen al sistema financiero y económico del país.
Los personeros de la Corporación de Occidente, S.A., han asegurado que por más
de 130 años han sido una entidad sólida y nunca se encontraron al borde la
quiebra, como se les ha querido hacer ver, que todo fue una injusta decisión
unilateral de un ex trabajador de la firma que secuestró los activos de FIDOSA y
ahora se encuentran en otro banco que tiene el dinero de las personas que
confían en la entidad financiera violentada.
Es importante que Gobierno del presidente, Alejandro Giammattei tome cartas en
el asunto y evite la politización de una entidad muy importante para el sistema
financiero y bancario guatemalteco y no es posible que en estos cargos sean
dirigidos por personajes politiqueros que solamente buscan beneficiarse de los
puestos estatales donde son nombrados.
Creo de suma importancia que los órganos jurisdiccionales emitan lo antes
posible una resolución sobre este tema y que sea un claro ejemplo para que no
vuelva a suceder otro caso como este que pone en tela de duda la forma como se
manejan la entidades gubernamentales donde llegan personas que no tienen la
más mínima intención de servirse en vez de ir a servir como lo manda la
Constitución Política de la República.
En otros tiempos hemos visto como las instituciones de Estado, han sido copadas
por intereses personales y políticos, lo cual ha dejado muy mal parado a los
gobiernos de turno que han tenido que asumir los malos manejos que personas
inescrupulosas hacen de la cosa pública.
En los últimos años hemos visto desfilar funcionarios públicos en los tribunales de
justicia, todo porque no se han amarrado las manos y han tocado lo que nos les
pertenece y lo más lamentable es que dejan mal visto al engranaje gubernamental
ante los ojos del mundo, que nos tiene en una lista negra, por ser catalogados
como países con altos índices de corrupción, aunque en los últimos tiempos, se
han dado muestras de cambiar esa percepción, que nos deja mal parados ante las
entidades que velan por la transparencia internacional.
