Adrián Zapata
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Es justo iniciar este artículo reconociéndole al gobierno de Giammattei varias cosas en su desempeño. En primer lugar, que se estrenó afrontando un reto sin precedente. En segundo, que la debilidad institucional que hereda es estructural y obviamente no está preparada para responder a tan dramático reto. Y, tercero, que todo indica que el Presidente ha actuado con prontitud, diligencia y entrega.
Sin embargo, tampoco se pueden negar las debilidades manifestadas. Su identificación ideológica lo lleva a considerar de manera relevante los intereses empresariales, antes que los populares. Por ejemplo, le cuesta al Presidente darse cuenta que hay campesinos en este país, cuya cantidad es tremendamente significativa.
La improvisación se ha manifestado en sus decisiones, particularmente cuando decretó el “cierre” del país de manera intempestiva. Tampoco ha manifestado madurez en sus reacciones ante las críticas. Pareciera padecer de una impulsividad que plantea riesgos de autoritarismo en su gestión, aunque sin duda nadie podría enfrentar una crisis de esta naturaleza siendo permanentemente condescendiente y sin ejercer su autoridad.
Pero hoy me quiero referir a un asunto que considero más de fondo. La Constitución Política categóricamente define, en su artículo primero, que el fin supremo del Estado guatemalteco “… es la realización del bien común.”, principio heredado de la visión social cristiana que prevaleció en la Constituyente y con el cual se pretende que exista un bien superior a los sectoriales o de clase. O sea que la Carta Magna manifiesta una concepción por encima de los antagonismos de clase (¿es posible?).
En ese marco jurídico inspirador es que debe analizarse la situación que se vive actualmente y que puede tener en jaque al Presidente. Hay una indiscutible coincidencia entre las presiones de los sectores empresariales y los populares en relación a la necesidad de una pronta apertura de la economía. Pero las bases de esa coincidencia son profundamente diferentes. Para los grandes empresarios, se trata de reivindicar sus ganancias, la angustia parte de la sustancial disminución de las mismas. Para los medianos y pequeños empresarios la desesperación se basa en la inminente posibilidad de quiebra que afrontan en estas condiciones. Y para los sectores populares, tanto los que están en la economía formal, como la informal (la PEA es casi el 70% informal), el tema es la sobrevivencia diaria. Inclusive, ante el posible quiebra de empresas, para los trabajadores de ellas será la miseria lo que les espera.
Como se ve, hay una coincidencia que podríamos llamar pluriclasista en la demanda de la apertura de la economía. Pero el gobierno debe estar por encima de estas presiones, por coincidentes que se manifiestan en la práctica. Debe tener la sabiduría que le permita actuar con la prioridad coyuntural que tiene la salud y las medidas sanitarias que la lucha contra la pandemia reclama, al mismo tiempo que pone, desde ya, en primer plano la necesidad de priorizar la economía popular para ir paulatinamente abriendo la economía y para planificar una vuelta a lo que algunos han denominado “nueva normalidad”. O sea aquella que sirva para poner en primer plano los intereses populares y que impulse un crecimiento económico inclusivo, superando la perfidia de la teoría del derrame. Es difícil pensar al Presidente Giammattei caminar en esta dirección, su ADN ideológico seguramente lo llevará en dirección opuesta. Ojalá me equivoque.
