Raúl Molina
Desde hace bastante tiempo, los empresarios neoliberales del país han soñado con echar mano a los fondos de la seguridad social de las y los trabajadores, al estilo de Pinochet en Chile, que trasladó esos fondos a la iniciativa privada, como gran piñata que alimentó a las empresas y condenó a los jubilados a pésimas condiciones de sobrevivencia para la tercera edad. De hecho, la protesta contra las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que se han apropiado de esos fondos, es uno de los motores del estallido social en Chile. Las y los chilenos rechazan este modelo de robo amparado en leyes neoliberales. El ataque contra el IGSS viene desde hace mucho tiempo, bajo una estrategia que se utilizó antes con empresas estatales. El primer paso fue hacerlas funcionar tan mal, que nadie las defendería; el segundo paso fue ponerlas a la venta a precios irrisorios; y tercero, una vez compradas por los “inversionistas” (mafiosos amigos de los gobernantes de turno) se les darían todas las prebendas estatales que les permitieran florecer. En todo el proceso, las y los trabajadores perderían empleo y prestaciones y las recontrataciones del personal se harían bajo las condiciones dictadas por las empresas.
Otto Pérez vio en el IGSS la oportunidad de desfalcar al Estado y privatizarlo parcialmente para financiar a grupos corruptos; pero no pensó en trasladar los fondos acumulados a la iniciativa privada. Se generó así la “línea” particular del IGSS, que la CICIG destapó y el MP desmanteló. Para Jimmy Morales, fue la oportunidad de caerle al tesoro; pero no supo si hacerlo vía su propia mafia o invitando al CACIF a participar, aparte de que su prioridad era expulsar a la CICIG para que la corrupción siguiera floreciendo en un clima de total impunidad -actuar contra el IGSS hubiese sido destacar el trabajo de CICIG. No obstante, la cúpula del CACIF, cada día más inescrupulosa y ambiciosa, al designar a Giammattei como candidato a “presidente encargado”, para proponérselo al imperio, puso como uno de los objetivos primordiales a plazo inmediato pasar a manejar los fondos del IGSS. Se aprovecharon de la propaganda negra en torno a la Institución, suscitada por propios fallos de administración y corrupción, para estar listos para “entrar al rescate”. El COVID-19 vino a darles la oportunidad para explotar al IGSS: Giammattei, en obediencia ciega al CACIF, “sugirió” que el IGSS se hiciera cargo de los trabajadores en paro obligado, liberando a los empresarios de su responsabilidad legal y ética. Pese a la dependencia del Ejecutivo de esta entidad supuestamente autónoma, la respuesta fue muy profesional: no se puede arriesgar la solidez de los programas que benefician a las y los trabajadores para paliar la crisis actual. Como todo presidente “berrinchudo”, Giammattei no tomó nada bien la negativa. Desde entonces no ha dejado pasar ninguna oportunidad para criticar al IGSS por sus actuaciones frente a la pandemia. Lo que nuestras capas medias deben distinguir es que no se trata solamente del capricho de un médico frustrado; es el CACIF al acecho para dar el zarpazo y quedarse con los fondos de la seguridad social.
