Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
En una emergencia como la actual es lógico y comprensible que los Estados adopten medidas para asistir a la gente en mayor estado de necesidad y por ello se entienden las asignaciones millonarias para ese fin, pero hay que hablar claramente para decir que ya disponiendo de los fondos, nos topamos con algo que sabemos desde hace rato y es que el Estado nuestro ha colapsado y con razón ha sido ya catalogado por muchos como Estado Fallido porque desde que fue capturado por la dictadura de la corrupción perdió por completo su sentido esencial, toda vez que dejó de cumplir con promover el bien común para centrarse en los negocios y trinquetes que salpican a tanta gente.
Y por ello es que no tiene la capacidad de ejecutar con agilidad programas sociales para hacer buen uso de los miles de millones asignados para la emergencia. Se aprobó ya una asignación de 11,000,000,000 (once mil millones) de quetzales para eso y existe ya la disponibilidad para poder hacer uso de ellos, pero la población sigue sin recibir más que las cajas que se han ido repartiendo. O sea que el problema actual no es de recursos, porque ya está asignada esa inmensa cantidad, sino simplemente de la existencia de un Estado que no puede realizar su trabajo porque fue desnaturalizado desde hace mucho tiempo.
En otras palabras, por excelentes que puedan ser las intenciones de las autoridades y por mucho dinero que pueda estar disponible, el problema de fondo está en que carecemos de los instrumentos para atender con propiedad una emergencia como la que nos toca vivir en la actualidad. Sería iluso suponer que simplemente porque estamos en época de coronavirus todos los vicios del pasado van a desaparecer y nuestras instituciones, como por arte de magia, abandonarán sus enraizadas prácticas para convertirse en modelos y dechados de eficiencia. Hemos permitido la destrucción del Estado porque nos hicimos de la vista gorda de lo que ocurría desde hace tanto tiempo, cuando se confundió la “apertura democrática” con la piñatización de todos los recursos públicos porque entre funcionarios y contratistas o proveedores y entre funcionarios con sindicalistas, se dedicaron a saquearlas inmisericordemente.
Es tristemente una realidad incuestionable que carecemos de la institucionalidad eficiente necesaria para enfrentar una crisis como la que se nos vino y por lo tanto resulta que tan importante es atender la pandemia como tratar de enderezar, sobre la marcha, ese Estado maltrecho que nos dejaron tantos años de corrupción y saqueo.
No se trata de una visión pesimista sino de la necesidad de ser realistas porque en estas condiciones no podemos vivir engañados y esperar que lo que no sirve ni funciona resulte de pronto, por magia o inspiración divina, siendo eficiente en el cumplimiento de sus fines. El Presidente tendría que estar con un ojo en la pandemia y otro en el aparato estatal porque en buena medida de él se depende tanto para atender enfermos como para atender eficientemente la crisis económica y social.
