Emilio Matta Saravia
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La complicada situación económica actual de nuestro país (y del mundo en general), causada por la pandemia de COVID-19, ha dejado al descubierto la ingente (enorme) necesidad económica de la mayoría de los guatemaltecos.
Por lo menos dos terceras partes de la población guatemalteca vive de la economía informal, es decir, no tienen un trabajo fijo en una empresa que les remunere mensualmente por lo menos el salario mínimo y que gocen de seguro social y todas las prestaciones de ley. Ante la situación actual, donde un sinnúmero de empresas ha tenido que cerrar sus operaciones despidiendo a sus empleados, un número aún mayor de personas ha ingresado a la dolorosa situación de desempleo, donde no se tienen ya ingresos y para ajuste de penas, la mayoría de las organizaciones en el país ha suspendido sus procesos de contratación de personal, por los mismos motivos.
Es duro, difícil de verdad, ver a tanta gente en los semáforos de las calles de la capital con banderas blancas y carteles donde expresan su complicada situación económica, que perdieron su empleo o su fuente de ingresos, y que necesitan alimentos, no dinero, para subsistir. Probablemente solo una persona que ha sufrido la pérdida de un empleo y se ha quedado sin sustento para su familia pueda entender la situación que están atravesando decenas de miles de guatemaltecos en este momento y empatizar con ellos.
Líderes empresariales alrededor del mundo han reducido, o inclusive renunciado a sus onerosos salarios de forma temporal, mientras dura esta difícil situación económica y sus empresas regresan a la normalidad, dando claras muestras de empatía con sus empleados y demostrando que ellos también están dispuestos a hacer sacrificios económicos durante esta crisis, evidenciando su liderazgo con hechos.
Y creo que, en durante crisis económica, quienes gobiernan Guatemala pueden dar un testimonio sin precedentes de liderazgo, reduciendo sus salarios y los de los funcionarios públicos que tienen un mayor ingreso. Los ahorros generados por dicha reducción salarial se pueden utilizar para comprar alimentos y entregarlos a estas familias que tienen tanta necesidad, empatizando con ellos en lugar de descalificarlos. Haciendo un ejercicio muy sencillo, con 75 quetzales se puede comprar en un supermercado una bolsa reutilizable con un contenido de 5 libras de masa de maíz, 2.5 libras de frijoles refritos, 2 libras de arroz, 2 libras de pasta alimenticia, 1 libra de azúcar, 1 litro de aceite vegetal y 1 galón de agua purificada. Si se toma un salario de un funcionario público que gane mensualmente 25 mil quetzales y se reduce el 10% para no afectar la economía del funcionario público, la reducción resultante de 2,500 quetzales dividida entre 75 quetzales por bolsa da para comprar un mínimo de 33 de bolsas con alimentos al mes por cada funcionario público que gane por lo menos 25 mil quetzales mensuales.
Si los presidentes de los organismos del estado reducen los salarios de los funcionarios que ganan por lo menos 25 mil quetzales mensuales en un 10%, de forma temporal, mientras dura la crisis económica de nuestro país, pueden generar recursos suficientes para auxiliar a estas personas con ingente necesidad de dar alimento a sus familias.
Sería más meritorio hacerlo anónimamente, sin alardes publicitarios.
