Raul Molina Mejía

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Nació el 20/02/43. Decano de Ingeniería y Rector en funciones de USAC. Cofundador de la Representación Unitaria de la Oposición Guatemalteca (RUOG) en 1982. Candidato a alcalde de la capital en 1999. Profesor universitario en Nueva York y la Universidad Alberto Hurtado (Chile). Directivo de la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG).

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El acuerdo llamado ACA para las relaciones de EE.UU. con Guatemala, fue concertado entre el gobierno de Jimmy Morales y la Casa Blanca; pero nunca se iniciaron sus trámites en los respectivos Congresos. Ha sido ilegítimo de principio a fin, aunque Trump lo utilizara para enviarnos personas centroamericanas y oleadas de personas guatemaltecas deportadas, incluidas las contagiadas con el COVID-19. Giammattei nunca lo detuvo y en plena pandemia siguió recibiendo los “vuelos de muerte” que Trump ordenó mantener. El coronavirus finalmente los detuvo, al infectar a agentes de la ICE, lugares de detención y en cantidades significativas a personas por deportar. Sin que el Minex moviera un dedo, la presión local contra Trump detuvo los vuelos y podemos decir que el ACA está muerto.

Es el momento para que nosotros propongamos un acuerdo que sea satisfactorio para nuestro país, nuestros migrantes y EE.UU. Debemos hacer una propuesta al Congreso estadounidense, ya sea que Trump continúe en la presidencia o que, para beneficio de la Humanidad, sea reemplazado por el candidato Demócrata. Este artículo es motivado por los esfuerzos de un migrante guatemalteco, Guillermo Castillo, para modificar las relaciones de los dos países en el tema de migración. Él pensaba en la transformación del ACA; yo sostengo que éste está muerto y propongo un acuerdo nuevo, el Acuerdo Justo de Movilidad Humana (AJMH), de cara a las nuevas realidades de EE.UU. y Guatemala. Trump está invirtiendo billones de dólares en tratar de detener el flujo migratorio del Sur, sin éxito. La mano de obra del Sur es indispensable para la economía estadounidense, ha sido esencial para enfrentar la pandemia y será imprescindible para la recuperación de dicho país. Cualquier dirigente medianamente inteligente debería enfocar la migración del Sur en dos dimensiones: los migrantes que ya están en Estados Unidos o en camino; y las personas que quieren migrar a ese país en el futuro. El primer grupo –inmigrantes no documentados que viven en la semiclandestinidad- debiesen recibir el Estatus de Protección Temporal (TPS), que se aplica cuando los países de origen pasan por una calamidad, que hace desaconsejable que las personas regresen a su país. Hoy, la pandemia está en todo el mundo, por lo que EE.UU. puede eliminar totalmente el problema de migrantes indocumentados con la concesión del TPS, válido por tres años, período prudencial para la recuperación. Como todo TPS justo, debe prever el tránsito de este estatus a residente temporal y permanente. Para quienes quieran en el futuro ir a vivir y trabajar en EE.UU., se pedirá de ese país la concesión de visas de trabajo, en forma mucho más humana que la que ya ha ofrecido. Podemos ir a resolver problemas concretos, como hemos hecho después de huracanes y otras tragedias en ese país; pero debemos ser tratados como seres humanos con dignidad y derechos. Estas visas, para ir un mínimo de tres años, tendrían como contraparte el pago por el Estado guatemalteco del viaje en avión, ida y vuelta, como acto de justicia a las y los migrantes de Guatemala por sus aportes por más de veinte años.

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