Víctor Ferrigno F.

Jurista, analista político y periodista de opinión desde 1978, en Guatemala, El Salvador y México. Experiencia académica en las universidades Rafael Landívar y San Carlos de Guatemala; Universidad de El Salvador; Universidad Nacional Autónoma de México; Pontificia Universidad Católica del Perú; y Universidad de Utrecht, Países Bajos. Ensayista, traductor y editor. Especialista en Etno-desarrollo, Derecho Indígena y Litigio Estratégico. Experiencia laboral como funcionario de la ONU, consultor de organismos internacionales y nacionales, asesor de Pueblos Indígenas y organizaciones sociales, carpintero y agro-ecólogo. Apasionado por la vida, sobreviviente del conflicto armado, luchador por una Guatemala plurinacional, con justicia, democracia y equidad.

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Víctor Ferrigno F.

Ayer, martes 21 de abril de 2020, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, presentó el Informe especial COVID-19 N⁰ 2, titulado “Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación, sobre el seguimiento de los efectos económicos y sociales de la actual crisis derivada del impacto del coronavirus en la región”.

La actualización de los efectos del COVID-19 para América Latina (AL) son más sombríos de lo que yo reseñé en mi anterior columna, pues el Producto Interno Bruto (PIB) de la región caerá un 5,3%; caídas similares solamente se observaron en 1914 y 1930.

En América Central prácticamente no habrá crecimiento económico en 2020, pues la caída del PIB sería del 2,3%, por el descenso del turismo y la reducción de la actividad económica de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial y fuente de remesas, que en marzo se redujeron 40% en Guatemala. La reducción regional del flujo de remesas fluctuará entre el 10% y el 15%, y se estima que la normalización llevará unos cinco años, lo cual será grave para países como Guatemala, donde los envíos alcanzaron el 13.8% del PIB, en 2019. Además, caerán los precios de las materias primas, y el valor de las exportaciones regionales se contraerá un 15%, mientras la reducción del comercio mundial fluctuará entre un 15% y un 30%.

Se prevé un fuerte aumento del desempleo con efectos negativos en la pobreza y la desigualdad. La tasa de desempleo se ubicaría en torno a 11,5%, un aumento de 3.4 puntos porcentuales respecto al nivel de 2019, que era del 8.1%. De esta forma, el número de desempleados de la región llegaría a 37.7 millones. En el caso de Guatemala, se perderán unos 800 mil empleos –entre formales e informales-, lo que afectará a unos cuatro millones de personas que, previsiblemente, pasarán a vivir debajo de la línea de pobreza, sumándose a los 29 millones de nuevos pobres en el continente. La pobreza extrema también aumentará en la región, afectando a 16 millones de seres humanos.

Para mitigar y salir de la crisis, sostiene la CEPAL, la región debe avanzar hacia una mayor integración regional tanto en lo productivo, comercial y tecnológico, para alcanzar una nueva modalidad de desarrollo, con igualdad y sostenibilidad ambiental.

El anterior panorama no es nada halagüeño y, ocupados con la pandemia, no hemos comenzado a debatir sobre un plan nacional para salir de la recesión económica que ya vivimos. En el contexto descrito por la CEPAL, es previsible que si no se implementan drásticas políticas socio-económicas, llegaremos a escenarios de confrontación por hambre y desesperación.

Además de enfrentar la crisis hospitalaria que heredó, el Presidente Alejandro Giammattei deberá abrirse a un diálogo nacional para encarar la crisis socio-política que se avecina. Una recesión mundial como la actual no se daba desde 1930, por lo que el Gobierno no podrá solo con ella; todos somos parte del problema, y debemos serlo de la solución.

Es necesario articular espacios de diálogo ciudadano, para formular propuestas sociales, y poder debatir con el Gobierno, la clase política y el empresariado, a fin de alcanzar un nuevo contrato social, basado en un pacto fiscal para el desarrollo integral, el fortalecimiento de la democracia, procurando alcanzar los objetivos de la agenda 2030.

Una crisis de dimensión planetaria requiere de soluciones extraordinarias, que solamente se podrán implementar si gozan de aceptación ciudadana, emanada de una concertación nacional. La disyuntiva está clara, y debemos decidir si optamos por la vía de la concertación, o por la ruta de la confrontación.

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