Juan Antonio Mazariegos G.
Mucho se ha dicho, en favor y en contra de la aprobación del decreto 13-2020, Ley de rescate económico a las familias por los efectos causados por el Covid-19, mediante el cual el Congreso de la República, con el voto favorable de 150 diputados y con calidad de Urgencia Nacional aprobó, entre otras medidas, para combatir la crisis sanitaria y apoyar a las familias guatemaltecas hasta tres fondos distintos. Seis mil millones de quetzales destinados directamente para las familias durante la crisis, que se enviarán mediante transferencias económicas de mil quetzales hasta por tres meses, a 2 millones de familias. Además, dos mil millones de quetzales para un fondo de protección a los trabajadores que servirá para la protección del trabajador afectado, con el que se prevé apoyar a 300 mil empleados que no han podido trabajar por la suspensión de labores no esenciales, por el Estado de Calamidad, con una entrega monetaria de hasta setenta y cinco quetzales diarios por trabajador. Y tres mil millones de quetzales que serán canalizados al Crédito Hipotecario Nacional (CHN) para que se otorguen préstamos a las pequeñas y medianas empresas, a través de esa entidad financiera o a través de otros bancos del sistema nacional.
La enorme inyección económica descrita provendrá del Banco de Guatemala, el cual fue autorizado por el Congreso para adquirir los Bonos del Tesoro que el Organismo Ejecutivo emita por medio de esta ley, hasta por el monto de once mil millones de quetzales, para contrarrestar las consecuencias derivadas de la calamidad pública provocada por la pandemia COVID-19, de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la República.
Las discusiones en cuanto a la emisión de esa deuda, asignación de recursos, quien los distribuirá, cuales serán los criterios para ser acreedor a los mismos, como evitar que tanto recurso quede en las manos equivocadas, como vamos a pagar los mismos, o que efectos traerá esa masa monetaria a la economía y a las finanzas del Estado ya dominan las columnas de opinión y sin duda se hablará muchos años más de la justificación y los efectos de dicha medida.
Sin duda muchos tienen razón al desconfiar, llevamos décadas viendo como cada cuatro años aparecen nuevos ricos en Guatemala gracias a la piñata en la que transforman al Estado, de igual manera, otros tienen razón en cuanto a las consecuencias catastróficas sobre la economía de nuestro país, en función de la decisión tomada, sin embargo, hay una necesidad latente hoy, por la cual vale la pena endeudarse y poner en riesgo la estabilidad financiera del Estado y esta es llevar los recursos económicos mínimos a las familias más necesitadas, para que estas puedan paliar la crisis y sobrevivir.
No hay derecho más importante que el de la vida y si como dice nuestra Constitución nos organizamos para protegerla, no nos queda nada más que aceptar la decisión y hacer todo lo posible para que el sacrificio que conllevará esta medida, cumpla con el objetivo por el cual fue emitida y que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan.
