Para hoy se espera una conferencia de prensa del Gobierno en la que los ministros a cargo darán detalle del programa de asistencia económica que surge de las aprobaciones del Congreso cuya debida estructuración ha sido todo un reto por la ausencia de una base de datos confiable que permita llegar a las personas más necesitadas. El primer problema surgió con los trabajadores de economía informal, cuyos listados, teóricamente, los tendría que tener cada una de las Municipalidades del país, pero resultó que no todos tenían esos registros y que casi todos los disponibles no eran ni confiables ni completos. Las largas colas que se fueron haciendo en todos los Municipios eran reflejo de la necesidad que tiene la gente de ayuda para enfrentar la falta de ingresos.
El tema es muy complejo pero también vital, puesto que si se fracasa en atender las necesidades más sentidas de la población, seguramente que estaremos preparando una hecatombe que, mezclada con los efectos de la pandemia, nos puede resultar del todo inmanejable.
Para empezar, los listados de las ayudas sociales que se “repartieron” en los gobiernos de Colom, de Pérez Molina y de Morales no son para nada confiables porque desde su origen fueron elaborados con criterios clientelares y nunca estuvieron sujetos a una verificación efectiva para llegar a los más necesitados. Ahora el COVID-19 vino a confirmar esa dramática realidad y asegurar que el dinero aprobado como ayuda del Estado llegue efectivamente a los más necesitados es fundamental.
Ya va más de un mes desde que se decretaron las medidas de aislamiento que se traducen, por lógica razón, en una disminución de la actividad económica y son ya muchas las empresas que no han podido hacer frente a sus obligaciones de pago de salarios por la ausencia de ingresos derivada, literalmente, de la falta de trabajo. Y todo apunta a que por más que se diga que hemos “contenido” la epidemia gracias a las acciones oficiales, la verdad es que en lo que tiene razón el Presidente es que lo peor está por venir y tenemos que estar preparados para lo que venga, de manera tal que la gente sienta cubierto, al menos, el terreno de la subsistencia económica.
Los mensajes enviados tanto por el Congreso como por el Ejecutivo no han sido claros y consistentes, por lo que hay que implementar primero las políticas (reglamentos que se esperan en breve) para luego diseñar una comunicación sencilla pero efectiva, comprensible para todo mundo, a fin de orientar las acciones de la gente en necesidad y acelerar los procesos.
