Eduardo Blandón
No a todos nos afecta de igual manera la pandemia extendida por el mundo. Mientras algunos la sufren encerrados en sus casas y otros trabajan para sobrevivir, hay también quienes aprovechan para delinquir. Es lo que nos dicen, a veces muy tímidamente, los periódicos al referirse al tráfico de drogas que en estos días va viento en popa.
Pero no solo los medios, sino agencias como la Europol, que asiste a Europa en materia policial. En su informe publicado recientemente en marzo, prevé incrementos en la criminalidad y alarma a la ciudadanía de esos países (y del mundo) contra siete vulnerabilidades a las que ponerle atención.
El documento se refiere principalmente al aumento de los riesgos de seguridad cibernética, “phishing emails through spam campaigns”, ataques cibernéticos contra organizaciones y personas, incremento de actividad en materia de abusos a menores y operaciones de comercio ilícito en la “Darkweb” (medicamentos, drogas y armas).
Centroamérica al ser una región estratégica en el tráfico de estupefacientes vive unos días también intensos en el negocio. La industria no para en un contexto que parece más bien ideal para su incremento. De modo que en los próximos meses veremos cómo las estadísticas que reportan el traslado de drogas hacia los Estados Unidos aumentarán por la porosidad de las fronteras y la distracción del mundo por el Coronavirus.
Los políticos no se quedan atrás en el oportunismo pandémico. Los hay quienes toman ventaja para obtener poderes omnímodos y gobernar arbitrariamente, citemos a Viktor Orban de Hungría, a Rodrigo Duterte de Filipinas y a Omar Razzaz, el primer ministro de Jordania. Son solo ejemplos en un concierto de líderes mundiales que han visto en el COVID-19 la oportunidad para afirmarse en el poder y reprimir a la ciudadanía.
En Guatemala, con sus excepciones, los diputados han sido los más visibles oportunistas en las circunstancias actuales. Como ha sido costumbre, operan al servicio del gran capital y en beneficio de su propio pecunio. De ese modo, cada vez que deciden en materia de leyes o en términos económicos (dígase empréstitos o proyectos presupuestarios de la nación), miran el derecho de su nariz, la protección de los sindicatos y los intereses gremiales del empresariado organizado en el CACIF.
De esa cuenta, se justifica el reclamo del periodista José Rubén Zamora cuando pide al gobierno que “en lugar de estar buscando esquilmar el erario público, es hora de que los dignatarios electos, los altos funcionarios reduzcan sus salarios en un 25 por ciento, que los magistrados de las altas cortes, del Tribunal Supremo Electoral y los diputados dejen de recibir indemnizaciones ilegales y que se supriman las plazas fantasmas, que representan el 24 por ciento del total de las nóminas de la administración pública”.
