Emilio Matta Saravia
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El día de ayer se publicó en el Diario de Centro América el Decreto 12-2020 o Ley de Emergencia para proteger a los guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia coronavirus COVID-19, en el cual se autoriza una ampliación presupuestaria por más de 3,667 millones de quetzales para atender la emergencia.
Es más fácil criticar que actuar, es totalmente cierto y coincido con ello. Pero también cuando quienes disponen de fondos públicos no son claros ni transparentes en el actuar, es obligación de uno, como mínimo, hacer del conocimiento del estimado lector la realidad de las cosas para que él mismo se pueda formar su propio juicio.
La ampliación presupuestaria de marras contempla 450 millones de quetzales para pagar sueldos del Ministerio de Gobernación, 567.5 millones de quetzales para pagar sueldos del Ministerio de Educación (pactos colectivos) y 400 millones de quetzales para pagar sueldos del Ministerio de Salud (pactos colectivos). Ninguno de los rubros anteriores, que suman 1,417.5 millones de quetzales, tiene como fin atender la emergencia derivada de COVID-19; se utilizarán para atender principalmente pactos colectivos.
De los 2,250 millones de quetzales que sí quedan para enfrentar la emergencia, 700 millones se utilizaran para remodelación, equipamiento y proveeduría de insumos para hospitales y centros de salud, 100 millones para implementación de laboratorios específicos de pruebas para detectar COVID-19 en la red hospitalaria nacional, 700 millones (de los cuales 350 millones son para para el Ministerio de Desarrollo Social y 350 millones son para el Ministerio de Agricultura) para dar asignaciones de apoyo alimentario y económico utilizando una base única de datos de familias en situación de vulnerabilidad para recibir dicho apoyo, 50 millones al Ministerio de Trabajo para la ampliación de la cobertura del adulto mayor y 50 millones al Ministerio de Agricultura para la ampliación de programas de agricultura campesina. El resto de los 2,250 millones, que suman 650 millones de quetzales, se otorgarán en créditos; 250 millones a través del Crédito Hipotecario Nacional para apoyar a comerciantes individuales, profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y crédito, y 400 millones a través del Ministerio de Economía por medio del Viceministerio de Desarrollo para la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas con préstamos para capital de trabajo y financiar sus actividades empresariales. Para los créditos anteriores que se pueden obtener a través de CHN y MINECO, el decreto especifica literalmente (Las mayúsculas, negrita y subrayado son míos, para resaltar la deleznable y abyecta intención de nuestros diputados) “ESTOS CREDITOS SE OTORGARAN SIN RESTRICCION, PARA LAS PERSONAS POLITICAMENTE EXPUESTAS”. Esta cláusula potencia el riesgo de que estos préstamos sean otorgados a funcionarios públicos o a sus familiares cercanos, y no a quienes realmente va dirigida esta propuesta.
Otro tema muy importante sobre este decreto es que, aunque ya se aprobó y publicó en el Diario Oficial, las asignaciones clave para apoyar a la población durante la emergencia de COVID-19 todavía no pueden implementarse porque aún están pendientes de redacción y aprobación todos los reglamentos para hacerlas operativas. La elaboración de dichos reglamentos corre por cuenta de su misma unidad ejecutora, por lo que es obvia y clara la urgencia de redactarlos y aprobarlos.
