Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
Así, como el titular de esta columna, se encuentra el país por lo que nos toca enfrentar en estas dos semanas que vienen y porque de lo que hagamos o dejemos de hacer, dependerá nuestro futuro en esta pandemia que ha venido no solo a cambiar nuestros comportamientos sino a quedarse, obligándonos a un nuevo estilo y concepto de vida.
Tras el mensaje de doña Chonita el domingo por la noche, ayer el presidente Alejandro Giammattei hizo un desesperado llamado para que la gente se quede en su casa e incluyó en su discurso imágenes de un país sudamericano (Ecuador) que la está pasando muy mal.
Y fue muy atinado el mensaje del mandatario porque tras su cadena del domingo alguna gente se relajó y empezamos a ver esta semana una mayor afluencia vehicular, principalmente lunes y martes. No hay transporte y por ende salen más carros, había pago de quincena para muchos (no todos) y ante la preocupación de tantos sobre si será la última, las calles se abarrotaron con el concurso de aquellos a los que les sigue valiendo la prevención.
El mes de abril será clave en el curso de la pandemia en nuestro país y por eso es vital hacer un llamado a la gente para que entiendan que por una Semana Santa no debe haber idas al interior a las casas de descanso porque eso puede llegar a ser un peligroso foco de propagación del virus y el Gobierno debe hacer lo necesario para impedirlo.
Sumado a eso, es importante que nuestras autoridades entiendan la necesidad de hacer pruebas y no solo a los que tienen síntomas. Muchos países del mundo han operado así cuando estas son limitadas, pero siendo el caso que hoy deberíamos tener ya aquí más de 30 mil pruebas, es fundamental que de manera estratégica se puedan realizar muchas de estas, incluso a personas asintomáticas.
Una de las claves del enfrentamiento al COVID-19 es la identificación temprana de posibles contagiados, su aislamiento y el seguimiento de los contactos que puedan resultar infectados y eso solo se logra con los protocolos correctos pero haciendo más pruebas de las que al día de hoy se han hecho y que, por cierto, solo los funcionarios saben cuántas son.
Al tema de la salud le sigue la necesidad que nos pongamos de acuerdo en función del papel que jugará el seguro social en la crisis y bien se haría en confirmar que el IGSS cubrirá la cesantía laboral siempre y cuando el Gobierno ponga los fondos y se defina el plazo (ideal unos 3 meses) que abarcará tal disposición. De esa forma se salvan los otros programas y podemos atender a miles de empleados. Las formas de financiamiento se deben discutir pero la misma Constitución marca el camino en el 133.
Y en paralelo, el Ejecutivo debe acelerar el paso para presentar la ampliación de los Q11 mil millones con el afán de atender a la informalidad y sectores más vulnerables, aunque se sabe que el mecanismo de entrega y ubicación del beneficiado está siendo un enorme reto por la falta de bases de datos sólidas y confiables que tiene el Estado en el tema social.
Es clave que la sociedad entienda lo que está en juego, que las élites de este país (empresariales, sociales, académicas, indígenas, etc.) realicen que sin mínimos esto se va al trasto y que para ello hay que dejar de pensar en el derecho de su nariz. Si eso se logra y el Ejecutivo acuerpa ese clamor necesario, la chibola le caerá a un Congreso lleno de mafias que están pactando cómo hacen su agosto en la crisis.
Viendo lo que viene, sería un pecado mortal no ponernos de acuerdo en el tema del IGSS, el apoyo a los informales y poblaciones más vulnerables para pasarle al Congreso la responsabilidad. No es momento que los diputados sigan con las mañas y si lo hacen, ellos serán los responsables del descalabro si como sociedad, atinamos a ponernos de acuerdo.
Que Dios nos ilumine y nos deje lograr lo impensable: que varios sectores puedan alcanzar acuerdos mínimos.
