Francisco Cáceres Barrios
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Ahora más que nunca el presidente Giammattei tendrá que demostrar con meridiana certeza y transparencia que no va a permitir que la casta politiquera del país vaya a manchar su gestión gubernamental al haberse recetado facilidades financieras, como la que fueron aprobada el 25 de marzo por el Congreso de la República. Qué Comisión Específica Contra la Corrupción ni que ocho cuartos, ahora, desde este preciso momento, el presidente va a tener que definir y si es necesario hasta cambiar la redacción del Artículo 13 de la Ley de Emergencia, pasando a proteger a los guatemaltecos que realmente han salido afectados por la pandemia del coronavirus Covid-19, puesto que su sola promulgación, constituye una mosca en la sopa de su gestión, al causar un total rechazo entre la población que Q400 millones se pudieran destinar para apoyar a empresas propiedad de “Personas Políticamente Expuestas”.
¿A quiénes hay que proteger o mejor dicho, facilitar su recuperación económica y hasta su supervivencia después de las drásticas medidas tomadas para contener el avance de la pandemia? No hay que dar muchas vueltas para saber que hay millones de guatemaltecos que viven como corrientemente se dice “en el día a día”. Que son los que al no poder trabajar no comieron y siguen sin poder hacerlo; los que son de esa clase de gente que poniendo su intelecto y fuerza física se ganan el sustento diario y el de sus familias. Los jardineros, por ejemplo, no han trabajado, no porque se hayan ido de vacaciones a Miami, sino porque no hay transporte público y la mayoría de sus viviendas están retiradas de sus sitios de trabajo. Los carpinteros, los herreros, sastres y tantos trabajadores que sin tener un empleo, con el ejercicio de su oficio aprendido, se lo hacen ellos mismos.
Los diputados-empresarios, sus parientes, los directivos de partidos políticos, los caciques de pueblos y los mismos alcaldes municipales no son gente vulnerable que haya salido afectada por el toque de queda o la serie de condiciones y situaciones que salieron dañadas con el combate al coronavirus. El bien tutelado del dinero a emplearse en la aplicación de la supuesta “ley de emergencia” debiera ser exclusivamente orientado hacia la población que, como se dice en buen chapín “se los ha llevado la trompada”, fuera por la falta de transporte, por las medidas tomadas por el gobierno, por el toque de queda, cierre de la mayoría de tiendas, oficinas, centros comerciales y toda clase de establecimientos que, se vieron forzados a cerrar sus puertas, como a quienes además de no poder trabajar por tales circunstancias, han perdido sus puestos, ocupaciones, empleos, contratos o por la suspensión forzosa de servicios de toda índole, que van desde lavar carros, pintar casas, tapizar muebles, plomeros, zapateros, cultoras de belleza, servidumbre de día y tantas ocupaciones más pasaron de la noche a la mañana, de percibir unos pocos quetzales diarios a encontrarse con cero centavos.
