Juan Antonio Mazariegos

jamazar@alegalis.com

Abogado y Notario por la Universidad Rafael Landívar, posee una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Pontificia Universidad Católica de Chile y un Postgrado en Derecho Penal por la Universidad del Istmo. Ha sido profesor universitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Landívar en donde ha impartido los cursos de Derecho Procesal Civil y Laboratorio de Derecho Procesal Civil. Ha sido y es fundador, accionista, directo y/o representante de diversas empresas mercantiles, así como Mandatario de diversas compañías nacionales y extranjeras. Es Fundador de la firma de Abogados Alegalis, con oficinas en Guatemala y Hong Kong, columnista del Diario La Hora y Maratonista.

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Juan Antonio Mazariegos G.

El distanciamiento social, llevado a su máxima expresión en el confinamiento de millones de personas dentro de sus hogares en nuestro país, es sin duda la mejor medida que pudo haber tomado nuestro gobierno para contener el contagio masivo de personas por el COVID 19, evitando así la saturación de nuestro endeble sistema de salud. Estamos temporalmente a resguardo del virus, si nos mantenemos aislados.

Las medidas por supuesto tienen consecuencias, la semana pasada escribí en este mismo espacio, sobre la necesidad de también poner atención y cuidar nuestro tejido económico, todos los que trabajamos en Guatemala estamos interconectados y lo que afecta a uno, tiene consecuencias tarde o temprano para otro, no digamos si los afectados somos la mayoría de la población económicamente activa del país.

Estos efectos o consecuencias ya los estamos viviendo, quedan escasos días para cerrar el mes de marzo, a la mitad del cual se detuvo la mayor parte de la actividad económica. Gracias a esos días de actividad que tuvimos, millones de personas recibirán a fin de mes su salario y podrán adquirir víveres y cubrir las cuentas más apremiantes que tengan. A partir del uno de abril la situación será diferente, el Decreto Gubernativo No. 7-2020 (emitido el 24 de marzo de 2020), contiene ampliación del plazo de vigencia del estado de calamidad pública, (Decreto 5-2020), por 30 días más, por lo que tiene vigencia hasta el 03 de mayo. Durante el mes de abril no abrirán las empresas y si estas no abren no habrá posibilidad de pagar los compromisos de las mismas y en consecuencia se afectará a millones de personas.

Las medidas implementadas por la SAT, IGSS, IRTRA, BANGUAT y otras instituciones, congelando los plazos de las obligaciones tributarias, prorrogando en el tiempo los pagos de cuotas y contribuciones, o rebajando la tasa líder de interés, fueron acertadas, eso permitió a las empresas y demás obligados contar con la liquidez necesaria para el pago de las obligaciones a corto plazo, incluyendo la más importante de los salarios de los trabajadores, sin embargo, dichas medidas no serán suficientes para cubrir las obligaciones a finales de abril y entonces tendremos que tomar otras decisiones.

Estamos obligados a pensar en los siguientes pasos para evitar el colapso de nuestra economía y lo más importante, el colapso de millones hogares guatemaltecos que dependen de buscarse el sustento cada día con su trabajo. En ese orden de ideas no se visualizan muchas alternativas, que aparezca una cura y que esa cura pueda ser distribuida en el mundo, sería una noticia espectacular, pero esto no es creíble a corto plazo, pasarán meses para que esa cura llegue a Guatemala; de igual manera podríamos confiar que nuestro sistema de salud se fortalecerá y podrá enfrentar la pandemia, el gobierno actual hace su mejor esfuerzo, pero décadas de corrupción y despilfarro hacen parecer imposible esa opción; la otra alternativa es que se continúe con el confinamiento, pero que este sea selectivo, que se aísle a personas mayores de 65 años, personas con condiciones médicas comprometidas, población vulnerable en la que debemos de enfocar nuestros esfuerzos de cuidado como país e individualmente. Para los demás, aquellos que debemos de salir a trabajar o estudiar todos los días, estará siempre el derecho de no hacerlo, lo que no podremos sostener en el mediano plazo es un confinamiento obligatorio indefinido. Por supuesto, esta es solo una opinión, serán los expertos quienes tendrán la última palabra, en estos tiempos es en las autoridades en quienes debemos confiar.

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