Evidentemente vivimos una época en la que cada día hay nuevas sorpresas que ofrece el Presidente en sus cotidianas apariciones ante la prensa. Encantado con el micrófono, el mandatario parece no reparar ni siquiera en el ámbito de su competencia porque ayer dijo ante un grupo de empresarios que había pedido a la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia y a la jefa del Ministerio Público que agarren todos esos “casos estúpidos” en los que hubo persecución penal por evasiones fiscales. Su frase literal fue: “Le pedía a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Silvia Patricia Valdés, y a la jefa del Ministerio Público (MP) por qué no agarramos todos esos juicios donde hubo esa persecución estúpida en contra de los empresarios en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que metieron a un montón de gente a la cárcel, que tienen a un montón de gente demandada con procesos penales que no deberían de haber sido penales, deberían de haber sido administrativos”.
Como puede verse, el mandatario no entiende que la persecución penal y la administración de justicia no dependen de una orden suya ni de sus instrucciones. Hay leyes, penales y del ámbito fiscal, que determinan cuándo se incurre en algún delito, pero el gobernante no entiende que tras la fase administrativa viene la acción penal, cuando así lo determina la ley, y que si el Ministerio Público no la ejecuta, está incumpliendo sus deberes. Ya anoche el mismo MP emitió un comunicado recordando al gobernante que vivimos en una República de Leyes. Y es que evidentemente Giammattei peca de un peligroso autoritarismo que le hace suponer que basta con dar órdenes a fiscales y jueces para que se acaben procesos penales.
El auditorio ante el que hizo la declaración el Presidente respondió con frenéticos aplausos, como era de esperar, aunque se debe haber sentido sorprendido cuando luego, ante la prensa, dijo que ser político o ser empresario no es una mala palabra, equiparándolos en calidad moral.
El reto que hizo, de agarrar todos esos casos y sacarlos de la órbita judicial es simple y sencillamente ilegal y se está atentando contra elementales normas constitucionales que establecen no sólo separación de funciones sino independencia de los organismos del Estado.
Hay que recordar que hasta Jimmy Morales se mostró más recatado en el primer año de su gestión y que sus arrebatos empezaron varios meses después, cuando se sintió acorralado. A Giammattei se le ha dado el beneficio de la duda pero sus declaraciones irreflexivas muestran un tono de autoritarismo sumamente peligroso. Un presidente no puede ordenar ni a la SAT que no lleve a los tribunales los casos porque se extralimita en sus funciones y los funcionarios de la SAT que le obedezcan incurren en responsabilidades penales por no cumplir con sus deberes y obligaciones, no digamos ordenarlo al Ministerio Público o al Sistema de Justicia. Por más que convenciera a la Presidenta de la Corte Suprema, ella no puede dar órdenes a los jueces.
Los muy ocultos asesores legales del Presidente con razón se esconden, si le aconsejan tamañas burradas.
