Cualquiera pensaría que un acusado que se sabe inocente o que se siente muy seguro porque ha borrado la evidencia crucial y cuenta con la fidelidad de cómplices que se van a llevar hasta la tumba los secretos, desearía que su juicio se diligencie con rapidez, sobre todo si se encuentra guardando prisión. En Guatemala, por una extraña lógica, algunos de los que están presos hacen micos y pericos por retrasar los procesos interponiendo toda clase de recursos que no tienen otra finalidad que la de ir postergando la solución definitiva de los casos, lo cual se explica en aquellos que tenían que ver con las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad y el Ministerio Público porque estaba en marcha el plan para expulsar a la CICIG y capturar al MP a favor de los intereses de los sindicados.
Otro factor que juega en todo esto es el de la elección de las futuras Cortes, puesto que se avanzó tanto gracias a los malos oficios de Gustavo Alejos que muchos ya se relamían pensando en lo fácil que iba a ser finiquitar sus asuntos pendientes con una justicia controlada por magistrados que habían sido postulados como efecto de las influencias de Alejos y electos como resultado de la forma en que el mismo personaje logró estructurar una mayoría en el Congreso, misma que no sólo eligió a la Junta Directiva sino que tiene el encargo de votar por los que ya se comprometieron debidamente para ser los instrumentos de impunidad.
La semana pasada se dio un caso que podemos llamar, por lo menos, pasmoso. El señor Roberto Barreda, sindicado por el asesinato de Cristina Siekavizza, su esposa, presentó acciones para evitar que se inicie el debate oral y público el próximo 15 de abril. Según sus abogados, hay todavía varios asuntos pendientes y recursos no resueltos, por lo que no pueden permitir que se concrete ese inicio de la nueva etapa en el proceso y de una vez advierten que, de prosperar su reclamo, tomando en cuenta la carga de trabajo que existe en el tribunal a cargo, el debate oral y público no podría ser antes del año 2022.
¿Quién en su sano juicio y sintiéndose inocente quiere pasarse dos años más en el tambo como resultado de una acción de sus abogados que, de entrada, significa ese retraso? Seguramente sólo alguien que estaba confiado de que a estas alturas ya estarían electos los magistrados de la impunidad y que tiene toda su confianza puesta no en el esclarecimiento de la verdad sino en lo que finalmente decidan los ya “apalabrados” para sepultar una inmensidad de procesos que mantienen a muchos con el alma en vilo.
Si algo refleja lo imperfecto de nuestro Sistema de Justicia es ese retardo malicioso que los mismos procesados realizan en sus respectivos procesos. Sin duda tenemos el récord mundial de acusados que, guardando prisión, en vez de quejarse por la lentitud de las causas, las entorpecen más a sabiendas de que ello significa prolongar su “prisión preventiva” no por unos días o unos meses sino por años. Como falsamente dicen que decía El Quijote, cosas veredes Sancho amigo.
