Ante la resistencia a acatar el fallo de la Corte de Constitucionalidad respecto a la famosa Ley de Organizaciones No Gubernamentales, la misma CC tuvo que explicar que al dejar sin efecto el hecho generador, no tiene ningún efecto cualquier hecho derivado del mismo, entre ellos la sanción presidencial, la publicación del decreto en el diario oficial y, por supuesto, su vigencia. El Presidente, médico de profesión, en una de sus ya comunes declaraciones diarias, mandó al diablo el Amparo diciendo que ya estaba sancionado, publicado y que entraría en vigor porque ese Amparo había llegado tarde, emitiendo un juicio jurídico que sin duda provenía del selecto grupo integrado por los tres abogados que no quieren que se sepa su nombre y que, tras bambalinas y sin que la ciudadanía los conozca, se han convertido en los asesores legales que indican al Presidente de la República lo que debe hacer y decir.
Es importante señalar que el decreto que contiene la nueva ley de Organizaciones No Gubernamentales ha sido promovido como instrumento de control y fiscalización del manejo de fondos que hacen esas entidades, lo cual nadie objeta, pero al mismo tiempo otorga facultades discrecionales a la autoridad ejecutiva para proceder a la cancelación de las que de alguna manera afecten el “orden público”, verdadero quid de la cuestión.
Porque no hay nada en esa ley que se aplique a las ONG que fundan diputados y otros funcionarios para meterles pisto sin control a través de la Ley del Presupuesto General de la Nación. Para este año no se aprobó ese presupuesto y, por lo tanto, está vigente el del año 2019 y eso significa que los millones asignados a las ONG creadas por los pícaros y que recibieron asignaciones, podrán seguir usando ese dinero sin el menor control, porque la Contraloría no mueve un dedo para ver en qué y cómo se gastan esos fondos del erario nacional.
La vehemencia que muestra el Presidente en sus intervenciones públicas, como único vocero de todo el gobierno y abordando todos los temas de cualquiera de las dependencias, convirtiéndolo en un verdadero todólogo, evidenció su total acuerdo con la nueva ley y no dejó ninguna duda de que ese proyecto, preparado por el congreso anterior y por el Pacto de Corruptos, era de su agrado y gusto. Y de paso dejó ver que lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad no le hacía “temblar las patas”, para usar alguna de sus frases, y que antes bien se lo pasaría por el arco del triunfo.
La resolución al recurso de aclaración y ampliación que fue presentado por el Congreso de la República ante la CC no deja lugar a dudas y ahora esperemos a ver qué le dicen sus abogados al Presidente que debe decir ante la clara respuesta que ha dado el órgano jurisdiccional que, obviamente, está en la mira porque al haber frenado el proceso de elección de las amañadas Cortes, vuelve a convertirse en la piñata de los defensores del sistema de impunidad, cuyos afanes y esfuerzos siempre terminan topándose en el muro de la legalidad que significa la CC.
