Por: Lic. Luis Fernando Bermejo Quiñónez
@BermejoGt
Por ahora el trabajo de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME) ha finalizado y pronto los nuevos magistrados que sean elegidos tendrán como uno de sus primeros puntos de agenda, la sistematización de las propuestas recibidas de los participantes en ella y decidir sobre cómo y en qué términos ejercer su iniciativa de ley al Congreso para reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). Los nuevos magistrados deberían abordar como necesidad urgente para el país la reforma a los requisitos para constituir partidos políticos y su democratización interna, el talón de Aquiles de la democracia en Guatemala.
En una democracia madura los partidos políticos funcionan como entes intermediarios entre la población y sus posiciones políticas. Los partidos políticos de distinta ideología promueven sus idearios y postulan candidatos en las elecciones de personas que identifican el proyecto político después de seguir un procedimiento interno. Esto no ocurre en Guatemala. Si bien la LEPP busca con los requisitos de constitución de partidos políticos que éstos tengan una relativa representación al establecer que deben tener un mínimo de afiliados que constituya el 0.30% del total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, y que los partidos tengan organización política en 50 municipios distribuidos en 12 departamentos del país, en la realidad los partidos políticos no son ni “intermediarios” de ideologías ni su representación es “real”. En cambio, estos se constituyen como “franquicias electorales” por la cual un “grupo” (reducido y usualmente capitalino) que quiere alcanzar la presidencia y escaños en el Congreso, sin interés en crear organizaciones de largo plazo, buscan líderes locales quienes se encargan de construir la organización en el territorio, recibiendo a cambio una candidatura.
El proceso descrito da lugar a “liderazgos de alquiler” (término prestado de un distinguido columnista) pues los creadores del partido no tienen o no desean invertir el capital para expandir su presencia en los municipios y, por ello, ceden la “marca” a líderes locales quienes únicamente hacen política partidaria con un fin electoral. Es por ello que se puede apreciar que los líderes políticos locales se eligen en un partido en una elección y luego en la siguiente se postulan por otro partido y así el mismo proceso ad nauseam y nuestra democracia no avanza porque tenemos partidos de “cartón” y sin ideología política. El buscado efecto de tener “representación nacional” no se logra porque en la práctica el “mínimo” de afiliados se torna el “máximo” porque “salen muy caras las asambleas” o porque se “puede perder el control del partido” porque el proceso de afiliación para la formación del partido se llena más como una encuesta que un proceso de convencimiento ideológico de ciudadanos que se comprometen a un proyecto. Los creadores de la “franquicia” no sólo no desean encarecer el “vehículo electoral” sino, además, tienen el incentivo perverso de que al formar parte del Comité Ejecutivo Nacional y controlar las “bases” pueden designar candidatos en los distritos donde el partido no tiene organización partidaria, lo cual es conocido por ser una forma de hacer negocios con la política al “vender” las candidaturas. Todo lo anterior debemos cambiarlo y urgentemente. Ahora bien, el “demonio está en los detalles” dice un adagio en inglés. Lo anterior lo analizaré en mis próximas columnas.
Continuará…
