Es común, alrededor del mundo, que los medios de comunicación, los políticos y los ciudadanos aborden los temas de salud y se produzca debate sobre factores tan puntuales como los costos que implica el sistema. Ahora mismo, en el proceso de elecciones primarias de Estados Unidos se puede ver que el tema de la salud y lo que se embolsan las industrias asociadas con la salud es uno de los asuntos que más se discuten porque a muchos de los aspirantes les parecen no sólo exageradas las cifras, sino que además explican que las mismas son producto del contubernio existente y que es provocado por los numerosos grupos que hacen cabildeo en las cámaras legislativas y en la política nacional para evitar medidas que puedan reducirles sus extraordinarias ganancias.
El costo de las medicinas es, por supuesto, uno de los asuntos que se debaten con intensidad porque la industria farmacéutica es una de las piezas fundamentales del sobrecosto que se evidencia y que castiga a la población, sobre todo cuando hay sistemas en los que no existe una cobertura estatal a las necesidades de la gente.
Y cuando se presentan pruebas irrefutables de las diferencias que hay en los precios del mismo medicamento, de marca, entre un país y otro, es natural que surjan preguntas relacionadas con ello y es porque en algunos sitios existen subsidios y en otros no, o si simplemente los fabricantes se aprovechan en aquellos países donde se carece de controles o, peor aún, existe un contubernio con las autoridades porque los altos precios hacen que los funcionarios puedan también pellizcar grandes tajadas a la hora de que es el Estado el que tiene que comprar medicamentos.
Pretender que el tema no se pueda discutir no sólo es absurdo sino criminal, puesto que además de vedar la libre emisión del pensamiento, garantizada como derecho humano universal, se quiere criminalizar el debate sobre cuestiones que, literalmente, son de vida o muerte porque en países pobres, como el nuestro, el alto costo de muchos medicamentos tiene implicaciones en la vida de aquellos que no tienen recursos para adquirirlos.
Para la próxima semana está fijada la primera audiencia en uno de los cuatro procesos que se han iniciado en Guatemala contra el doctor Román Carlos por haber publicado columnas de opinión en las que se refiere a la escandalosa situación de los precios de la medicina en Guatemala y por más que sus abogados han presentado amparos para demostrar que se trata de asuntos que se deben resolver de acuerdo con la Ley de Emisión del Pensamiento, nuestro Sistema de Justicia “curiosamente” los viene rechazando sistemáticamente, pasándose por el arco del triunfo elementales normas del derecho constitucional y de las garantías universales sobre los derechos humanos.
El debate no sólo es sano sino necesario porque acá ha existido contubernio precisamente por la corrupción imperante en toda el área de Salud, cooptada desde hace tantos años, al punto de que un Presidente terminó siendo socio de un productor de medicamentos que surtió a su gobierno durante su mandato. Así las cosas, esperar que impere la necesidad del paciente termina siendo una muy vana ilusión.
