Fernando Mollinedo C.
La situación política en Guatemala cada día trae consigo sorpresas, frustraciones, lamentos y decepciones por la conducta errada, equivocada, intolerante, abusiva y prepotente de aquellas personas quienes temporalmente ejercen el poder de decisión en los asuntos administrativos del país; es decir, en los tres organismos del Estado y sus dependencias, autónomas y semiautónomas.
Cada cuatro años, el cambio de autoridades en la mayoría de las instituciones estatales provoca un estado psicológico de incertidumbre y marasmo administrativo, porque los funcionarios y empleados no saben si continuarán trabajando o les aplicarán el consabido despido, petición de renuncia, rescisión de contrato o simplemente les dejarán pasar trabajo para que de forma indirecta sepan que no seguirán laborando.
La llegada de las nuevas autoridades implica una fase de quedar bien con el nuevo jefe, hacer méritos chismoseando los defectos de los compañeros y ponerse a las órdenes de forma sumisa y abyecta con el fin de congraciarse con la autoridad y de esa forma garantizar su empleo.
La mayoría de nuevas autoridades en sus discursos iniciales indican que llega a barrer con la corrupción, pero lo primero que hacen con el rostro adusto para darse importancia ante los subalternos es pedir información acerca de los bienes y prebendas que tienen como funcionarios y/o empleados, léase: gasolina, vehículos, pilotos, guardaespaldas, almuerzos, viáticos, uso de teléfonos de última generación y otras cositas para aligerarles la carga de tan importantes responsabilidades.
Las conductas descritas son el verdadero coronavirus político de la administración pública, porque en todas las instancias se desarrollan los antivalores personales de la prepotencia y superioridad como una epidemia y cual si fuese un mal irremediable y contagioso lo llevan los nuevos jefes a cualquier parte donde van esperando la lisonja y pleitesía del personal a su cargo.
EL CORONAVIRUS ADMINISTRATIVO está presente también en la conducta fiera, abusiva, malcriada y prepotente de los empleados menores que laboran en las distintas dependencias del IGSS, Direcciones Departamentales del Mineduc, Municipalidades, Gobernaciones Departamentales y Alcaldías, donde los empleados creen que servir a los usuarios es una dádiva, bondad o limosna que prodigan con su pésimo servicio.
Y el CORONAVIRUS POLÍTICO consiste en las acciones legales e ilegales inmorales que desarrollan una amplia casta de personas dedicadas a promover negocios lícitos e ilícitos utilizando el aparato administrativo estatal para obtener ganancias desproporcionadas a su capacidad personal o educativa, utilizando para ello a los empleados y funcionarios gubernamentales quienes con su poder temporal de toma de decisiones ordenan o avalan dichos negocios.
LOS PRINCIPALES FOCOS DE INFECCIÓN de ambos coronavirus son: 1) la falta de educación en valores; 2) ignorancia de la norma jurídica, 3) prepotencia, 4) abuso de poder, 5) nepotismo, 6) amiguismo, 7) pago de favores de campaña, 8) enriquecimiento ilícito, 9) favores sexuales, 10) cohecho pasivo y activo y otros más.
