Hace ya cuatro años, luego de conocerse los vicios que rodearon el proceso de elección de los actuales magistrados, se empezó a trabajar en una seria y profunda propuesta de reforma constitucional para el Sector Justicia que fue consensuada en todo el país mediante foros realizados en la provincia con la participación inquieta de la sociedad civil. La iniciativa la había tomado la ahora odiada Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público que en aquellos días todavía no eran criticados por los poderes fácticos de Guatemala que sintieron pasos de animal grande porque sabían que el control de las Cortes era indispensable para mantener la rentable impunidad que tanto les ha beneficiado.
Como no había tacha en el proyecto que despolitizaba la justicia, se centraron en el tema del derecho indígena que no era sino el reconocimiento a una realidad existente en nuestro país. Pero fue el caballito de batalla y las élites empezaron a decir que con ello se iban a crear varias guatemalas y que se perdería la certeza jurídica, inventando mil falsedades sobre los efectos de ese derecho consuetudinario. Los grupos indígenas, esos que son tildados de ignorantes cuando no de empecinados, dieron ejemplo de inteligencia y madurez pidiendo ellos mismos que se excluyera del proyecto de reforma ese tema, a fin de que el debate quedara centrado únicamente en la reforma a la manera en que se eligen a los magistrados de Salas y de la Corte Suprema de Justicia.
Pero esa generosa y responsable actitud no rindió frutos porque el tema del derecho indígena era apenas el pretexto. Lo que no querían era perder el poder de controlar la justicia mandando a las Salas de Apelaciones y a la CSJ a sus peones para que persistiera el régimen de impunidad. Y hasta un Morales que junto a los otros dos presidentes de los Organismos de Estado había participado en la presentación del proyecto de reforma, zafó bulto cuando él mismo sintió la urgente necesidad de impunidad. Ya antes el empresariado organizado había criticado la reforma y fue uno de los más acérrimos críticos.
El fruto del fracaso de la reforma anterior permitió que, desde un oscuro hospitalito, iluminado y atractivo para ciertos personajes, se pudiera armar el entramado de la cooptación brutal y definitiva que hacía falta para cerrar de una vez por todas ese capítulo que abrió CICIG y el Ministerio Púbico en el año 2015 y que sirvió para encausar a una multitud de personas de las que se dedican al saqueo del país.
La primera sorpresa la dio la FECI que destapó todo el juego y presentó públicamente las pruebas. La segunda fue la forma en que Consuelo Porras decidió actuar (tras algún sabio y extraordinariamente influyente consejo) con un Amparo para prevenir que el Congreso elija entre los listados amañados y para plantear que hay que revisar el sistema.
Desencajados, vuelven a gritar que se va a romper la Constitución, como dijeron cuando se detuvo el proceso hace unos meses. No pasó nada entonces y no pasará nada ahora, pero se abre la puerta a una reforma profunda porque salvo los que quieren impunidad y hasta se quitan caretas ante el agobio, el resto de la población sabe que el sistema está podrido y que el cambio tiene que ser de fondo. Y, para variar, ahora la CC tiene la palabra.
