Francisco Cáceres Barrios
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La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) no se cruzó de brazos ante el descalabro que se veía venir porque la elección de magistrados de las Cortes Suprema de Justicia y de Apelaciones estaría sesgada evidentemente a favorecer en gran escala a los aspirantes que, en vez de transparentar de ahora en adelante la aplicación de la justicia para una aplicación estrictamente apegada a las leyes del país, se continuaría con la práctica de retorcerlas para mantener la impunidad que hoy nos tiene de rodillas.
Sobre la base de las pesquisas practicadas por la FECI, que dieron como consecuencia haber podido establecer que efectivamente sí existían sucias componendas politiqueras, aquellos diputados que todavía les corre sangre por sus venas tomaron la acertada decisión de depurar los listados que les acababan de entregar las Comisiones de Postulación, aun sabiendo que eso demoraría un poco la toma de decisión final, pero que era preferible hacerlo pues de lo contrario continuaríamos padeciendo aquellos fallos inclinados a mantener la impunidad.
Para cualquier ciudadano honrado, con valores y principios, suena lógico que si lo que la población ambiciona y ahora exige es transparencia y entrarle de lleno a recuperar nuestros tribunales para lograr una justicia pronta y eficaz, la propuesta estaba dentro de los márgenes de la lógica, pero, cuando se interpone la corrupción, cualquier plan o estrategia de retomar esos valores y principios, desgraciadamente se viene abajo.
Hasta el momento de escribir este comentario la alianza oficialista del Partido VAMOS (lo que jamás había pasado por la mente que pudiera suceder entre los electores del ahora presidente del país) que incluye al partido UCN, propiedad del confeso narcotraficante Mario Estrada; del FCN-Nación de reciente y negra trayectoria, de los Unionistas, los de TODOS, ViVa y algunos integrantes de la UNE siguen en sus trece, pretendiendo tapar el sol con un dedo, aduciendo inconstitucionalidades que no existen pues, a quien corresponde la elección y por consiguiente la depuración final es al Congreso y a nadie más.
Eso de andar proponiendo modificar la Constitución para cambiar el procedimiento actual de elección de magistrados es darle todavía más largas al asunto, porque no es más que otro sueño de verano todavía más difícil de lograr pues, mientras sigamos teniendo la clase de gente que hasta hoy han estado dominando la situación política del país se transforma automáticamente en otra misión imposible.
Pero los comunicadores sociales mucho podremos seguir hablando y escribiendo sobre el tema de recuperar al país, al igual que lo están haciendo un reducido grupo de religiosos, profesionales, industriales, comerciantes, agricultores, ejecutivos y algunos trabajadores del país que todavía guardan verdaderos sentimientos patrióticos pero, si la población en general se mantiene guardando su misma cómoda posición observadora, apática e indiferente, finalmente no nos va quedar otra alternativa más que seguir depurando el listado que hoy a duras penas sobrepasa las tres decenas de diputados dispuestos a decir ¡Ya no más!
