Lic. Julio R. García-Merlos G.
Twitter: @jgarciamerlos
Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes, una lapidaria frase que se atribuye al científico alemán Albert Einstein, aunque no existe certeza sobre su autoría.
La semana pasada el Ministerio Público develó una investigación sobre reuniones que sostuvo el operador político Gustavo Alejos con diferentes personajes relacionados con las Comisiones de Postulación. Muchos pusieron el grito en el cielo y plantearon que el actual proceso debe anularse y repetirse desde el inicio en aras de salvaguardar la integridad y pureza de la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y de Salas de Apelaciones.
Plantear la repetición del proceso con el mismo marco jurídico es un despropósito. La evidencia arroja que el modelo de Comisiones de Postulación y la forma en que se elige a quienes ostentan los más altos cargos en el sistema de justicia es disfuncional y obsoleto. Básicamente, aunque el proceso se repita cien veces el resultado será el mismo, si no es Gustavo Alejos serán otros operadores, como siempre los ha habido. El modelo es vulnerable a este tipo de influencia por parte de grupos de interés diversos.
Hay otro grupo que plantea que se repita el proceso después de llevar cabo una reforma constitucional. Es necesaria una reforma y que se discutan temas como la carrera judicial, suprimir el mecanismo de Comisiones de Postulación, quitar el poder al Congreso de la República para elegir a magistrados de Salas de Apelaciones, se separe la función administrativa de la puramente jurisdiccional que corresponde a la Corte Suprema de Justicia y se incremente el período de duración en el cargo de los magistrados de las altas cortes. Muchos sectores están de acuerdo con la necesidad de la reforma y con discutir puntos concretos, como los que menciono.
Sin embargo, las reformas constitucionales no se realizan de la noche a la mañana. Requieren un proceso de formulación y discusión amplio. Algunos plantean convocar una Asamblea Constituyente, una opción que no es recomendable. Lo más probable es que se ponga sobre la mesa una reforma vía el procedimiento que establece el artículo 280 de la Constitución, mediante modificaciones a la parte orgánica realizadas por el Congreso de la República con el voto afirmativo de las dos terceras partes de los diputados que lo integran y una posterior consulta popular.
El proceso de formulación y escogencia de una propuesta de reforma, su discusión en el hemiciclo parlamentario y la generación del consenso político para su aprobación puede durar con facilidad un año. Además, se debe incluir en el presupuesto la realización de una consulta popular, una campaña informativa y, por último, más de la mitad de la población apta para votar debe aprobar la reforma en las urnas.
Lo anterior sin tomar en cuenta que haya sectores que decidan querer modificar la Constitución con otros fines que no sea el de reformar el sector justicia y pretendan incluir su propia agenda, lo que haría aún más tardado el proceso. Por esta razón, no tiene sentido que se suspenda la elección de magistrados en este momento, puesto que debiesen haber asumido sus cargos hace cuatro meses, el 13 de octubre pasado. No se deben vulnerar más los plazos que establece nuestra Constitución, la finitud en el ejercicio de los cargos públicos es un principio fundamental en el sistema republicano de gobierno. En una República rige la ley, no la voluntad arbitraria de las autoridades, por ello es que los plazos constitucionales no son meros formalismos, son la esencia del gobierno de leyes sobre el gobierno de hombres.
Por lo pronto, se deben elegir magistrados con la mayor cautela posible y poner el tema de la reforma constitucional sobre la mesa. Sin un sistema de justicia sólido que promueva la estabilidad jurisprudencial y garantice la independencia de los jueces, no será posible consolidar un verdadero Estado de Derecho en nuestro país.
